Por KUKULKÁN
EL PODER Judicial del estado ha ido a la deriva desde que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia quedó en manos de personajes electos en su momento por cuestiones políticas, más que por haber desarrollado una carrera especializada dentro del organigrama de juzgados y tribunales estatales, lo que al interior del máximo órgano colegiado ha desatado una cruenta lucha de vanidades y egos entre inexpertos donde el botín principal no es tanto el presupuesto público como la oportunidad de los negocios que se presentan día a día con la venta de la justicia al mejor postor.
A SEIS meses de haber sido designado como presidente del TSJ en Quintana Roo, la imagen del magistrado Heyden Cebada Rivas ante funcionarios judiciales es la de un personaje petulante, con sobradas ínfulas de superioridad, quien hasta ahora no ha mostrado la humildad para reunirse una sola vez con todo el personal del Poder Judicial, lo que para algunos de los jueces ha hecho suponer que su actitud obedece más bien a que no quiere evidenciar su inexperiencia por falta de carrera judicial —antes fue notario, oficial mayor y síndico municipal— y ha preferido no dar la cara como un mecanismo de defensa ¿Qué nos puede venir a enseñar si desconoce el funcionamiento de los juzgados? La crítica sería como un gancho al hígado para su ego.
ENTRE jueces se comenta que Heyden sólo es presidente de jure, pero el presidente de facto es el magistrado Carlos Lima Carvajal (y su grupo conformado por las magistradas Mariana Dávila Goener y Adriana Cárdenas Aguilar), quien dice actuar con el consentimiento de su superior a la hora de operar los negocios jurisdiccionales. Al menos eso indica el desenlace que tuvo el escandaloso caso de corrupción en el que se vio involucrado su asistente legal en la Novena Sala, Héctor Raymundo González Velázquez y por el que injustamente está pagando otra víctima inocente en la cárcel.
RESULTA que a don Héctor Raymundo le salió lo Robin Hood y se dispuso a intervenir en la injusticia cometida contra el piloto José Manuel Orduño Estudillo, acusado falsamente de violación por una azafata que lo pretendió extorsionar con ayuda de la Fiscalía de Delitos Sexuales y por lo cual hoy se encuentra preso a pesar de haber accedido al pago de un millón de pesos solicitados por sus victimarios. Hasta la cárcel acudió el asistente legal de la Novena Sala para ofrecerle ayuda a la víctima, consistente en modificar su sentencia y ponerlo en libertad a cambio de otro millón de pesos a pagar en dos entregas, 50 por ciento al comienzo y 50 por ciento al concluir el servicio.
YA TODO estaba prácticamente listo cuando asomó la alteración de los documentos y los reclamos de la Fiscalía de Delitos Sexuales llegaron al magistrado presidente Heyden Cebada, quien se lavó las manos y ofreció actuar contra los responsables. Obviamente las sanciones no alcanzaron ni al magistrado Carlos Lima ni a su asistente legal Raymundo González. Para desviar la atención y encubrir a los responsables, la primera versión fue que había sido una secretaria a quien se detuvo infraganti, pero la realidad es que quien terminó pagando los platos rotos de esta estafa fue el enviado a recoger la otra mitad del dinero, acusado ahora por extorsión. La relación entre ambos personajes viene desde que Carlos Lima fungió como director del Registro Público de la Propiedad y operó los despojos inmobiliarios del ahora ex gobernador Roberto Borge Angulo.
HACE un año concluyó el periodo del magistrado Antonio León Ruiz y con él también la época de los presidentes de carrera judicial impulsados por los ahora ex presidentes magistrados Joaquín González Castro, quien sigue vigente como consejero de la Judicatura del Estado pero disminuido en poder de influencia, y la recordada magistrada presidenta Lizbeth Song Encalada, al frente durante once años consecutivos resistiendo embates del Poder Ejecutivo. A ella la sustituyó en 2011 el magistrado presidente Fidel Villanueva que, si bien gozaba de carrera judicial al haber sido juez, su designación obedeció a un criterio político y pago por favores al ex gobernador Félix González Canto.
POR CASI seis meses la silla principal del TSJ estuvo a cargo de un presidente interino, Adolfo Del Rosal Ricalde —otro de los que deben el cargo a un pago de favores, pero a Roberto Borge— quien tuvo un desempeño gris y falto de carácter. A él le habló directamente en junio pasado el todavía gobernador Carlos Joaquín González para pedirle apoyar al magistrado Heyden Cebada en sus aspiraciones a presidir el Poder Judicial. Ninguno de los once magistrados tuvo objeciones de votar en agosto siguiente, por unanimidad, para ser el presidente del máximo órgano colegiado durante los próximos seis años. El problema es que él todavía no se la cree.
