- La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá a la Secretaría de la Función Pública ser juez y parte en los procesos de contratación del sector público.
MARTHA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá a la Secretaría de la Función Pública ser juez y parte en los procesos de contratación del sector público.
Con 20 votos a favor y 18 en contra, dicha comisión descongeló una iniciativa del Ejecutivo federal presentada hace un año, con la que regresan a la Función Pública la realización de las contrataciones públicas, en lugar de la Secretaría de Hacienda, como se dispuso al principio del sexenio.
La reforma es parte de las iniciativas presidenciales que Morena impulsa, para el fin del periodo ordinario.
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Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Función Pública operará las contrataciones, pero mantiene la facultad de supervisar las compras públicas. Es decir, dicha Secretaría tomará las decisiones sobre contratos y luego podrá auditarlos.
A lo largo del año, expertos en materia administrativa y anticorrupción alertaron que tal hecho generaba un conflicto de interés, siendo juez y parte en los procesos de contratación y supervisión de las compras públicas de todo el gobierno federal.
En la ampliación de facultades a la Secretaría encabezada por Roberto Salcedo, tendrá a su cargo la planeación, conducción y aplicación de la política de contrataciones públicas.
Incluso se le faculta a participar en las negociaciones internacionales de compras del sector público, la coordinación de las compras estratégicas, la promoción de la participación de la proveeduría nacional y la consolidación de compras y adquisiciones de bienes y servicios.
La diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño señaló que el dictamen da a la SFP control completo en cuanto a las Unidades de Administración y Finanzas.
Señaló que ello implica darle el control del ejercicio de los recursos en dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados, al tiempo que será quien vigile su cumplimiento, es decir, se convertiría en juez y parte.
Juan Carlos Maturino Manzanera, también del PAN, consideró que el dictamen contiene elementos que deben analizarse para evitar incertidumbre jurídica para las y los servidores públicos.
“Vemos con preocupación el control de sistemas de compras gubernamentales a cargo de la SFP, lo que podría dar paso a la opacidad”, planteó.
“Poco le toca a la Secretaría encargada de la recaudación y del gasto público, ocuparse de compras y adquisiciones; con esto se entregan funciones a otra institución del Poder Ejecutivo”, dijo a su vez la también panista Mariana Gómez del Campo.
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