Por KUKULKÁN
QUIENES hoy protegen férreamente la independencia del Poder Judicial de la Federación nada dijeron en enero de 1995 cuando el presidente Ernesto Zedillo promulgó una iniciativa para desaparecer de un simple plumazo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esas fechas conformada por 26 ministros, para crear una nueva reduciendo el Pleno a once integrantes. Entonces la medida no fue criticada como autoritaria, se justificó mediante la figura jurídica de ‘jubilación inmediata’ y su diseño Legislativo llevó 26 días de manera soterrada para modificar 20 artículos de la Constitución, con la colaboración de diputados de todas las bancadas partidistas.
EL VERDADERO motivo fue que Zedillo debía sacudirse el peso de su antecesor si lo que la población exigía era justicia y marcar una diferencia, pues se rumoraba que sólo era un títere de los potentados que en tiempos de PRI y el PAN controlaron como una empresa particular el poder político del país, leales en ese momento con Salinas quien los supo seducir con su generosidad privatizadora. La única forma de hacerlo a un lado era aplicar justicia contra su hermano Raúl Salinas sobre quien había indicios de haber participado en los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, del primer caso se lograron borrar todas las huellas que conducían al hermano ‘incómodo’ del ex presidente, pero por el segundo caso permaneció recluido una década.
ZEDILLO necesitaba la Corte de su lado para no ser víctima de una emboscada jurídica por parte de Carlos Salinas quien de inmediato entendió bien el mensaje y se autoexilió al extranjero durante todo el mandato de su sucesor. Con la llegada del panista Vicente Fox a la presidencia, los salinistas se volvieron a posicionar en el poder y particularmente en la Suprema Corte desde donde armaron la estrategia jurídica para que Raúl no sólo fuera absuelto de lavado de dinero sino regresados todos sus bienes y fue puesto en libertad.
DESDE entonces los Salinas volvieron a controlar la Corte impulsando la designación de ministros afines a los intereses de ese grupo que es el que hoy enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una inusitada avalancha de amparos contra todas sus iniciativas legislativas y obras públicas emblemáticas. Resguardados en el Poder Judicial después de perder control en el Ejecutivo y el Legislativo, los salinistas están dando sus últimas patadas en una guerra que ven perdida a futuro inmediato en caso de reelegirse Morena en el poder, como irremediablemente se ve ante el desolador panorama de falta de cuadros competitivos en la oposición que tiene como ‘Plan A’ la esperanza en una ruptura fatal entre las corcholatas presidenciales.
ENCABEZADA por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Corte se empeña en frenar a la Cuarta Transformación lo que ha obligado a López Obrador hacer uso de sus facultades legales de emitir decretos presidenciales, sin intervención del Legislativo, para declarar como de seguridad nacional todas las obras de infraestructura pública que se llevan a cabo en esta administración federal. Sus adversarios ahora construyen una narrativa de autoritarismo (régimen político basado en el sometimiento absoluto) que intentan permear en la sociedad cuando ha sido público y notorio que no tiene sometido totalmente al Legislativo ni mínimamente al Judicial.
LA REFORMA de Zedillo trajo un aporte jurídico importante que fue la activación de dos instrumentos de defensa legal que permanecían empolvados en la Constitución: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucional, el primero sirve para que autoridades de los tres niveles de gobierno se defiendan de posibles invasiones a sus facultades y el segundo para solicitar la anulación de leyes o sus artículos cuando vulneren derechos fundamentales. El otro gran aporte que se anunció, fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo del Poder Judicial con la finalidad de que los ministros estuvieran dedicados exclusivamente a la función jurisdiccional, a excepción del presidente de la Corte que lo es también del órgano administrativo simultáneamente.
EN 1995 Zedillo estaba en la plenitud del poder y los aliados de Salinas no estaban en condiciones de pelearse con el nuevo presidente, además de que su reforma judicial no afectaba directamente los intereses del grupo de potentados, por lo que dejaron correr la máxima de ‘viva el rey, muera el rey’. La Corte de la época zedillista, con ministros nuevos y toda la cosa, fue la que validó el gran desfalco de la historia: el Fobaproa que consistió en convertir deudas privadas de estos potentados en deudas públicas que siguen pagando los mexicanos.
