Por KUKULKÁN
NADIE puede negar que la delincuencia común es el pan de todos los días en los once municipios de Quintana Roo, no se salvan ni las islas de Cozumel ni de Mujeres que antaño eran lugares seguros y ahora hay robos, fraudes, extorsiones y homicidios dentro de sociedades que aunque son pequeñas están en constante crecimiento y reportan alta población flotante; pero tampoco es exacto afirmar que la inseguridad está incontrolable sólo para inflar la percepción de los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación que aprovechan para exponenciar las noticias malas con tintes partidistas.
MÁS ALLÁ de los amargos episodios de violencia ocurridos en el estado que le dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales, la realidad es que los vuelos de ciudadanos de 120 destinos internacionales y 29 nacionales siguen llegando todos los días al aeropuerto de Cancún repletos de turistas confiados en la seguridad del lugar y deseosos por visitar alguno de los 12 destinos turísticos del estado en los que no sólo encontrará sol y playa sino que tiene la opción de ecoturismo o visitas a zonas arqueológicas. El escándalo mediático, venga de donde venga, no le afecta directamente a la 4T sino a todo el destino, así como a miles de familias cuyo sustento principal es la industria sin chimenea.
EXISTE una variante que generalmente no se toma en cuenta en las mediciones sobre seguridad pública nacional: la población flotante y su impacto social, es decir los 30 millones de turistas que se espera visitaran el Caribe mexicano en 2023, también están a cargo de la responsabilidad de las corporaciones policíacas estatales y municipales, que de por sí ya no se dan abasto con la seguridad de la población local. No es que los turistas vengan a cometer ilícitos, pero algunos se han visto involucrados en actos desafortunados de accidente o delincuencia que resultan un suculento filete para los carroñeros mediáticos.
AHORA el blanco de inconformidades de todas esas voces iracundas se ha vuelto el fiscal Raciel López Salazar, quien en julio pasado entró en funciones y sus primeras acciones en contra de bandas del crimen organizado han afectado intereses de grupos de poder fácticos que buscan descarrilarlo. Desde su llegada al cargo no fue bien visto por integrantes de barras y colegios de abogados del estado quienes preferían un perfil más local y no otro fuereño como Oscar Montes de Oca, pero conforme han pasado los días Raciel ha ido ganando la confianza de los sectores empresariales en la lucha contra la extorsión.
RECIENTEMENTE el Fiscal se reunió con agremiados de la Coparmex Riviera Maya para analizar la situación actual del destino y coadyuvar en estrategias integrales que den certidumbre y confianza al empresariado en casos de extorsión y derecho de piso. Además, las partes se comprometen a colaborar en estrategia conjunta para promover la cultura de la denuncia, así como la activación de la ventanilla única para la atención inmediata en casos de extorsión. Otro avance aplaudido por el sector empresarial son los cambios a las leyes para tipificar la extorsión como delito grave, así como el endurecimiento de las penas contra los infractores. Aprovecharon la ocasión para respaldar el trabajo del fiscal cuando aún no cumple tres meses en el cargo.
