- Juan Lorenzo Ortegón fue secretario de Salud en tiempos de Roberto Borge.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- El exsecretario de Salud y director general de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, Juan Lorenzo Ortegón, no ha podido desvincularse ni que se le exculpe del proceso penal que enfrenta por peculado.
El personaje citado enfrenta cargos penales por su gestión al frente de los Servicios Estatales de Salud cuando formó parte del gabinete del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
La acusación está radicada en la carpeta administrativa 60/2021 judicializada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El imputado junto —con otros dos exfuncionarios de la misma dependencia— es señalado como presunto responsable del desvío de 30 millones de pesos pagados a una empresa que no prestó ningún servicio a la dependencia en 2015.
La denuncia provino del titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, al detectar anomalías en el gasto durante el análisis de la cuenta pública.
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Por esos hechos se inició la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/12/1394/2017 en la que se encontró también la presunta responsabilidad del exdirector Administrativo, Raúl Aguilar, y del exsubdirector de Recursos Materiales, Jesús Raúl Mezquita, por cuyos hechos se ordenó embargar cuentas bancarias e imponer otras medidas precautorias.
Ortegón Pacheco acumula una tras otra derrota jurídica en amparos promovidos contra el auto de vinculación a proceso, la supuesta prescripción de la acción penal y la presunta ilegalidad de las pruebas en su contra, desde el 10 de diciembre de 2021.
En el juicio de garantías 29285171 del Juzgado Sexto de Distrito de la entidad se le negó la protección de la Unión contra el auto de vinculación a proceso por delitos patrimoniales en los Juzgados de Control y Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, el 22 de julio de 2022.
En el amparo 30410501 del mismo órgano jurisdiccional impugnó una supuesta extinción de la acción penal al presuntamente agotarse el plazo de la investigación complementaria en la presentación de cargos del fiscal Eduardo Abraham Méndez.
La demanda provino cuando, por oficio, el Juez de Control reconoció que había transcurrido con exceso de plazo para la presentación del escrito de acusación para un par de imputados, el 26 mayo de 2022.
El quejoso alegó la falta de notificar al fiscal general para que se pronunciara, pero pudo comprobarse la existencia del documento y se negó el amparo el 18 de noviembre de 2022.
El exfuncionario interpuso también un recurso de apelación alegando que las pruebas presentadas en su contra fueron obtenidas de una manera supuestamente ilegal.
La queja fue desestimada por el Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal, mediante un acuerdo del 16 de agosto de 2023.
La impugnación se elevó al juicio de garantías 33421796 donde se resolvió que el reclamo era inadmisible al no ser actos de una reparación imposible, lo cual podría ser combatido en otra etapa distinta del juicio.
Los juicios de garantías comenzaron desde antes de que se ejerciera acción penal contra el ex funcionario, cuando trató también sin éxito de obtener medidas cautelares contra el inicio del proceso administrativo en su contra, el 16 de octubre de 2017.
Este mismo personaje fue igualmente denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por supuestamente exigir a trabajadores de la dependencia una donación de aportaciones quincenales para la campaña de Mauricio Góngora, quien pretendía suceder en el cargo a Roberto Borge, por cuyos hechos se habría incurrido en un delito electoral.
La denuncia detalló que se descontó de la nómina a los secretarios 2 mil 500 pesos, a subsecretarios 2 mil pesos, a directores de área mil pesos, a jefes de departamento 500 pesos, a jefes de oficina 300 pesos, y a empleados y personal de honorarios 100 pesos.
La querella fue realizada por integrantes de la coalición PAN-PRD, en la cual se le acusó también de presuntamente ordenar a los trabajadores que votaran por el candidato oficial.
