Por KUKULKÁN
EN EL PARAÍSO turístico de Tulum, la batalla contra el sargazo se ha convertido en un embrollo legal y burocrático de proporciones épicas. En medio de esta maraña, el alcalde verde ecologista Diego Castañón se escuda en la inexistencia de una figura jurídica para el Derecho de Saneamiento Ambiental como razón para no establecer un fideicomiso que dé transparencia a los fondos destinados a combatir la invasión masiva de algas. Su justificación, que parece sacada de un manual de excusas gubernamentales, ha sido la razón para poner fin a un litigio legal que los presidentes de las asociaciones de hoteles de Tulum, Jaime David Ortiz Mena, y de la Riviera Maya, Antonio Francisco Cháves, habían sostenido durante más de un año y medio.
EN TODO este tiempo los empresarios lograron obtener un fallo favorable a través de un amparo que obligó al alcalde a dar una respuesta lo que fue cumplido sólo en la forma, no en el fondo, al ofrecer explicaciones que dejaron a los solicitantes profundamente insatisfechos. Contrario a lo que establece la ley en la materia, la autoridad municipal argumentó que no era posible constituir un mecanismo que garantizara la transparencia en el uso de los gravámenes recaudados de los turistas. Todo este embrollo comenzó por la negligencia del presidente municipal de Tulum, quien ignoró por completo los escritos entregados por los hoteleros en mayo y junio del año pasado. La respuesta tardía y desinteresada llevó a la presentación de un juicio de garantías ante la justicia federal.
NO HA SIDO sencilla la batalla jurídica, pues la respuesta legal que dieron a este conflicto las diferentes instancias del Poder Judicial de la federación se convirtió en un juego de esquivas y excusas. Las demandas de los hoteleros fueron desestimadas con argumentos que carecían de lógica, fundamentación y motivación legal. El resultado fue un callejón sin salida en el que el alcalde evitaba presentar una propuesta de creación del fideicomiso ante el Cabildo. Mientras tanto, los recursos económicos recaudados de los turistas ascendieron a más de 24 millones de pesos, destinados, en teoría, a combatir el sargazo.
LAS ACCIONES concretas y transparentes parecen escasear en este enigma del sargazo. Para afrontar el arribo masivo del alga, la administración municipal adquirió algunos equipos, contrató empleados temporales y dice coordinarse actualmente con la Secretaría de Marina, pero la falta de claridad y la opacidad en el uso de los recursos prevalecen. ¿Dónde están los resultados tangibles de estos millones recaudados? ¿Por qué la falta de transparencia en la gestión de estos fondos?
CASTAÑÓN está identificado como otro de los alfiles de Jorge Emilio González Martínez, el ‘Niño Verde’, quien tiene las pretensiones de expandir su poder político de norte a sur de Quintana Roo. Antes de ser alcalde, fue tesorero, sabe perfectamente cómo están las finanzas internas del ayuntamiento y cómo se hacen los negocios con toda la tramitología administrativa municipal en materia de construcción y contratación de servicios, en conclusión: otra generosa bolsa municipal manejada por el líder moral del partido del tucán sobre quien ya pesan antecedentes de opacidad financiera. Bajo estas circunstancias, el alcalde que ocupó accidentalmente la silla como suplente del fallecido Marciano Dzul ya anunció que buscará la reelección en el próximo proceso de 2024.
MIENTRAS Tulum lucha por mantener su imagen como un destino turístico paradisíaco, esta trama de incompetencia y opacidad en la gestión de los recursos destinados al sargazo pinta un panorama sombrío. Los hoteleros y los turistas merecen respuestas claras y acciones concretas, en lugar de ser arrastrados por un enredo que parece no tener fin. El sargazo puede ser un desafío, pero la falta de transparencia y responsabilidad gubernamental es un problema mucho mayor.
