Por KUKULKÁN
EL GOBIERNO de México se prepara para el establecimiento del Área de Protección de Flora y Fauna “Leona Vicario” en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, pero tras décadas de actividad minera irresponsable por parte de empresas como Calica y Rapica, la pregunta es si este esfuerzo llega demasiado tarde. La devastación ambiental causada por la extracción de roca caliza se traduce en pérdidas multimillonarias para los humedales costeros y los manglares. Hasta hoy, no hay un sólo denunciado o procesado por estos hechos.
PERO este anuncio de conservación no puede ignorar las consecuencias socioeconómicas que dejaron a las comunidades locales sin ingresos significativos de la actividad forestal y del turismo. De ahí la gran interrogante es si el rescate ambiental realmente podrá generar bienestar y desarrollo sustentable para estas comunidades. Además de los impactos económicos, la biodiversidad también se ha visto afectada. La zona alberga una impresionante variedad de especies, muchas de las cuales están en riesgo o son endémicas. ¿Podrá esta área protegida realmente revertir el daño causado a estos ecosistemas frágiles?
LA HISTORIA de la “Casa Azul” y su pintura mural, atractivos turísticos, añade un elemento cultural a la ecuación, pero ¿es suficiente para compensar las décadas de degradación ambiental? Se trata de un basamento prehispánico que quedó dentro del área en conflicto; igualmente al interior existen dos cenotes, pero el daño irreversible fueron las frecuentes explosiones para extraer el material pétreo rompiendo el ecosistema y el hábitat de los seres vivientes. Todo esto con la complicidad de autoridades federales y estatales que en su momento otorgaron la concesión para explotarla como mina.
ESTE es un recordatorio de que la conservación ambiental debe ser una prioridad desde el principio, y no una respuesta después de décadas de explotación desenfrenada. La Leona Vicario merece una segunda oportunidad, pero queda por verse si esta iniciativa realmente puede restaurar lo que se ha perdido. La batalla jurídica continúa, las empresas responsables han promovido al menos 20 juicios de amparos promovidos en contra de la decisión presidencial de mantener clausurados los accesos al inmueble, ubicado a 1.3 kilómetros de Playa del Carmen. Hasta ahora no ha ganado uno solo.
RECIENTEMENTE en este asunto el gobierno federal obtuvo un fallo favorable. El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún desechó un amparo con el que Calica pretendía detener la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de sus terrenos ubicados en Punta Venado, Playa del Carmen. Y con esta resolución el titular del Poder Ejecutivo Federal tiene luz verde para expedir la expropiación del terreno en conflicto y posteriormente emitir la declaratoria de Área Natural Protegida, antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato.
COMO si no bastara con todo lo anterior, el gigante estadounidense Vulcan Materials en el municipio de Solidaridad enfrenta un juicio de deslinde de un terreno colindante de la Constructora y Urbanizadora ARA, un nuevo frente legal para Rancho Piedra Caliza (Rapica). En este conflicto se acusa a la empresa desarrolladora de vivienda de gestionar y obtener un Certificado de medidas y colindancias ante la Dirección de Catastro Municipal de Solidaridad.
LA EMPRESA involucrada —clausurada por el daño ambiental que causó durante una actividad extractiva irregular de 37 años— impugnó mediante juicio la falta de notificación de un procedimiento administrativo del que se expidió un certificado de medidas y colindancias contenido en el oficio número DC 1156/10, el 21 de julio de 2010 a favor de la desarrolladora de vivienda. La disputa del lindero tiene que ver con una línea quebrada de 2 mil 751.01 metros ubicada entre el lado norte de la minera y el sur de la constructora de viviendas. No hay visos de que la lucha se serene.
