Busca la CDMX tipificar la corrupción inmobiliaria

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Busca la CDMX tipificar la corrupción inmobiliaria
  • El Gobierno de la CDMX busca tipificar como delito la corrupción inmobiliaria y que sea castigada con penas de 10 a 20 años de cárcel.
SELENE VELASCO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la CDMX busca tipificar como delito la corrupción inmobiliaria y que sea castigada con penas de 10 a 20 años de cárcel.

Para esto, la Administración local elaboró una iniciativa de reforma al Código Penal de la Ciudad de México, la cual agregaría un capítulo para definir que el delito de corrupción inmobiliaria se configuraría cuando una persona funcionaria permita por acción, omisión o tolerancia, la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los autorizados, sin cumplir requisitos establecidos en la ley.

Adicional a este delito, se podrán sumar más penas de cárcel por otros relacionados, como las que actualmente se aplican por enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones.

En caso de que obtengan beneficios económicos, en efectivo o especie, las personas que cometan el delito, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades, la pena por el delito se agravará en una mitad más.

“Sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria, este es el propósito de este artículo, con independencia de otros delitos que se pudieran cometer”, destacó Martí Batres, Jefe de Gobierno, durante la presentación de la iniciativa.

La propuesta ocurrió un día después de que Ernestina Godoy dejó de ser titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) tras no ser ratificada y en medio del cruce de acusaciones entre autoridades capitalinas e integrantes de Morena y la Oposición, por las indagatorias iniciadas desde 2022 por la presunta red de corrupción inmobiliaria, principalmente en Benito Juárez.