- Jonathan Medina Nava está vinculado a la mafia rumana que operó en la Riviera Maya.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Después de un litigio que duró casi dos años, el exfiscal del fuero común Jonathan Medina Nava no pudo revertir el aseguramiento de una cuenta y dos tarjetas bancarias que le fueron ejecutadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudo acreditar que el embargo financiero obedeció a una solicitud de asistencia internacional del Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, del 26 de noviembre de 2020.
En la misiva se destacó que el caso tenía que ver con una indagatoria en curso del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) contra personas y empresas, presuntamente involucradas en fraude y lavado internacional de activos, con operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países.
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La investigación de la oficina estadounidense se relaciona con la identificación de un grupo delictivo conformado por personas de nacionalidad rumana, el cual presuntamente constituía una probable red internacional de clonación de tarjetas bancarias que tenía su centro de operaciones en Cancún, Quintana Roo. A ese grupo se le conoce como la “mafia rumana”.
En el amparo 27647835 del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Quintana Roo se reclamó la orden de bloqueo, aseguramiento, cancelación, suspensión, congelamiento y/o revocación de una cuenta de banco, una tarjeta de débito del Banco HSBC México y una tarjeta de crédito de la SOFOM Inbursa.
En el análisis legal se mencionó que al exfiscal se le incluyó en una lista de personas bloqueadas, el 3 de febrero de 2021.
Para el juez federal, el bloqueo financiero se dio ante la petición de combatir y prevenir la comisión o continuación del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de cuya acción se validó que la UIF es autoridad competente para recibir y dar curso a ese tipo de solicitudes.
En la versión pública de la sentencia de amparo del 16 de febrero pasado, se asienta que “la oficina del Agregado Jurídico (“FBI”) está llevando a cabo una investigación en relación a un grupo de sujetos, tanto individuos como entidades corporativas, el cual se cree que estaría involucrado en fraude y el lavado internacional de activos”.
Igualmente, que “se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, en cuyo listado se incluyó al quejoso en el lugar número 38.
La solicitud de asistencia fue para investigar irregularidades bancarias vinculadas con los sujetos listados y sus posibles vínculos con actividades criminales en México.
El objetivo fue identificar sus redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos para desmantelar la organización y prevenir futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos.
“De igual forma, atentamente solicito se valore la posibilidad de realizar el bloqueo de las cuentas de dichas personas, con el propósito de que los recursos que puedan tener un origen ilícito pudieran ser sustraídos”.
La organización criminal que era investigada —la ‘mafia rumana’—, se agrega, inició sus operaciones luego de la firma de un contrato con Banco Multiva para instalar y dar mantenimiento a cajeros automáticos de la marca “Intacash” en zonas turísticas de al menos 14 estados de México y en 15 países.
La indagatoria estableció que con la colocación de instrumentos denominados “skimmers bluetooth” al interior de las máquinas despachadores de efectivo se permitía la clonación de las tarjetas insertadas, cuyos datos eran descargados en un teléfono inteligente.
Con los datos obtenidos, la presunta organización responsable disponía del efectivo en diferentes partes del mundo para que las personas defraudadas no sospecharan el origen de la clonación.
En el mencionado fraude, bajo ese mismo esquema, se hizo con tarjetas de los bancos Wells Cargo, Citi Banamex, BBVA Bancomer, Chase, TD Bank y Banorte, entre otros.
Con la cooperación interinstitucional nacional e internacional se pudo conocer también la presunta ayuda de vínculos profesionales, institucionales, mediáticos y jurídicos que facilitaron el desarrollo de las actividades del grupo delictivo, que generaron recursos elevados de origen ilícito que se ingresaron al Sistema Financiero Nacional para ocultar su origen y destino final.
En la sentencia del juicio de garantías se establece que se identificaron presuntos vínculos con otras dos organizaciones delictivas.
Una de ellas estuvo involucrada en el robo de información financiera que derivó en el desvío de aproximadamente 300 millones de pesos mediante un ataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, que afectó principalmente a BBVA Bancomer.
Otros presuntos vínculos establecieron una probable relación y posiblemente un apoyo mutuo con otro grupo, que al parecer se determinó con el cateo realizado por la entonces Fiscalía General de la República a la institución “First National Security”, en la cual “se localizaron más de 200 tarjetas clonadas”.
