- Se revisó y dio seguimiento a operativos de seguridad en puntos estratégicos.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- En un esfuerzo continuo por fortalecer la seguridad y garantizar la paz y la tranquilidad en Quintana Roo, los miembros de la Mesa de Seguridad y Justicia se congregaron en una sesión plenaria.
El objetivo principal de esta reunión fue dar seguimiento a los acuerdos previamente establecidos y evaluar la efectividad de las acciones implementadas en materia de seguridad.
La sesión fue encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
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Durante el encuentro, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de los operativos recientes, desplegados en puntos estratégicos del estado. Estas operaciones tienen como fin primordial salvaguardar la integridad de las familias quintanarroenses, así como de los visitantes nacionales e internacionales que eligen el Caribe Mexicano como su destino.
Uno de los puntos clave discutidos fue la implementación de medidas de vigilancia en áreas críticas como playas, carreteras y zonas urbanas, además de la vigilancia aérea, que juega un papel crucial en la prevención de delitos.
También se analizaron los procedimientos de judicialización, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional para el procesamiento efectivo de los casos.
Para entender mejor el contexto de estas reuniones, es fundamental conocer más sobre la Mesa de Seguridad y Justicia de Quintana Roo. Este organismo fue creado con el propósito de coordinar esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad para enfrentar de manera efectiva los desafíos en materia de seguridad y justicia en el estado.
La Mesa busca crear estrategias integrales que no sólo respondan a incidentes de inseguridad, sino que también promuevan la prevención del delito y mejoren la respuesta judicial.
Desde su creación, la Mesa de Seguridad y Justicia ha sido un espacio de colaboración donde se generan políticas públicas y se toman decisiones que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes y visitantes.
Sus objetivos incluyen la reducción de la incidencia delictiva, la mejora en los procesos de atención a víctimas y la eficacia en la persecución de delitos.
