- Sobre el director del GMD, Jorge Ballesteros Zavala, no pesa ninguna orden de aprehensión relacionada con el caso Aguakan.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Sobre el director del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), Jorge Ballesteros Zavala, no pesa ninguna orden de aprehensión relacionada con el caso Aguakan.
Un juez de Distrito constató la inexistencia de algún mandamiento penal entre nueve autoridades ministeriales y jueces de control estatales y federales.
Las dependencias que negaron el llamamiento de captura fueron el fiscal en el estado de Quintana Roo y fiscales del Ministerio Público del fuero común adscritos a las Fiscalías Especializadas en Combate a Delitos Patrimoniales, en Combate a la Corrupción y en Combate a los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además del jefe de la Policía Federal Ministerial en la entidad y la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.
Igualmente, fue descartada por los jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, adscritos al Centro de Justicia Penal Federal, y de Despacho adscrito al Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia y Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.
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El caso del directivo está relacionado con una denuncia interpuesta por las autoridades estatales ante un presunto fraude procesal en que habría incurrido la empresa concesionaria de agua potable, alcantarillado y saneamiento, al mentir durante un amparo.
El GMD tiene el 50.9 por ciento de la participación accionaria de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (que opera comercialmente con el nombre de Aguakan), y los títulos complementarios pertenecen a GBM Infraestructura, y ambas empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
La resolución se dio en la sentencia del amparo 35082719 del Juzgado Tercero de Distrito radicado en Quintana Roo, al que recurrió el directivo para solicitar la protección constitucional, el 25 de marzo pasado.
El litigio legal tuvo que ver con el decreto emitido por el Congreso del Estado (22 diciembre de 2023) que quitó validez legal a la concesión pactada en el gobierno de Roberto Borge que originalmente concluiría en diciembre de 2023.
A través de un decreto legislativo, se formalizó la ampliación de la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento hasta 2053, y se incluyó también al municipio de Solidaridad en el servicio que operaba en Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
A Ballestero Zavala, en la misma sentencia de amparo, se le negó también conocer los hechos analizados ministerialmente y tener acceso al contenido de la carpeta de investigación aun cuando no tuviera la calidad de imputado.
Durante el juicio, lo más que pudo lograr el ejecutivo fue una suspensión provisional para evitar ser detenido, con el pago previo de una garantía económica de 5 mil pesos.
Después, vino una negativa de suspensión definitiva hasta que se sobreseyó el caso (se dejó en el mismo estado legal que comenzó), en abril pasado.
Un amparo similar fue interpuesto por el presidente del Consejo de Administración del GMD, Jorge Ballesteros Franco, mismo que se radica en el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo, desde el 25 de marzo del presente año.
Este ejecutivo reclamó lo mismo ante el juez federal y aunque se le concedió una suspensión provisional contra una eventual orden de detención, se le ha negado tener acceso y poder conocer la misma investigación ministerial, desde el primero de abril pasado.
El amparo de Ballestero Franco está radicado bajo el número 35076675 del Juzgado Cuarto de Distrito, el cual se mantiene activo sin que todavía se dicte sentencia.
