- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo impuso una auditoría a Aguakan.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo arremetió contra la empresa Aguakan, al imponer una auditoría para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La revisión contable va dirigida al título de concesión de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que prestan en cuatro municipios de la zona norte del estado.
El procedimiento fue notificado a la empresa por el organismo operador del agua del estado, aunque su ejecución corresponde a la dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, a través de una orden de revisión de gabinete emitida el 15 de mayo pasado.
El aviso se generó mediante el oficio CAPA/DG/0256/2024, al que se sumaron también los delegados municipales de CAPA en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
El título de concesión original fue otorgado a la compañía por un plazo de 30 años, el 20 de octubre de 1993, pero se modificó el 15 de febrero de 1999 y posteriormente, el 18 de diciembre de 2014.
- Suma CCE del Caribe cuatro nuevas asociaciones
- Capacidad eléctrica de Quintana Roo está al límite, reconoce la CFE
- Dan revés a reclamo de mayas por uso de explosivos
La llamada revisión de gabinete está contemplada en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, que faculta a las autoridades estatales a comprobar que se hayan cumplido las disposiciones fiscales.
Otro objetivo es que se pueda detectar la omisión de cumplimiento de adeudos, y comprobar la probable comisión de posibles delitos fiscales.
Sobre esta medida administrativa, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., que opera comercialmente con el nombre de Aguakan, tramitó un amparo el 7 de junio pasado.
Al juicio de garantías se le asignó el número 35746247 del Juzgado Quinto de Distrito de Quintana Roo, en el cual se negó la suspensión provisional que pretendía paralizar la ejecución de una orden para entregar la información y documentación.
El juez federal determinó que de otorgar la protección constitucional temporal se habría ocasionado un perjuicio al interés social y se quebrantarían disposiciones de orden público, ya que la Constitución federal regula la obligación de los gobernados de contribuir al gasto público mediante el pago de las contribuciones fiscales.
Igualmente, que los ordenamientos legales que regulan las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias tienen como objetivo recaudar los ingresos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.
Esta empresa concesionaria es la misma que para ocultar su responsabilidad de invertir en infraestructura para el bombeo del líquido vital a las zonas habitacionales, optó por regalar tinacos a los habitantes de las supermanzanas 248 y 249 de Cancún, bajo el argumento de “fomentar la cultura del almacenamiento de agua”.
Igualmente, mantiene una batalla legal en tribunales federales contra el Congreso de Quintana Roo que le revocó anticipadamente el permiso hasta 2053, a través de un decreto emitido en diciembre pasado.
A decir del diputado local (actualmente legislador federal electo) Humberto Aldana, quien es el presidente de la Comisión transitoria especial y de investigación para el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la moral, se habrían detectado irregularidades.
En su opinión, esa empresa ha mentido a la población y a los legisladores porque presta un servicio sustentado en cláusulas del permiso modificadas ilegalmente en 2014, y que no tuvo a la vista la XIV Legislatura cuando se dio la ampliación anticipada.
Igualmente, citó que 5 mil millones de pesos no fueron invertidos por la compañía y persiste la sospecha de un probable desvío de mil 050 millones de pesos que la entonces Capa envío a cuentas estatales y de ahí desaparecieron durante la gestión del gobernador Roberto Borge.
Otro reproche fue que debió presentar los informes de datos para rendir cuentas del manejo y operación del servicio para comprobar gastos e inversiones.
A todo lo anterior se ha sumado el malestar de los quintanarroenses que se expresó en una consulta pública vinculatoria en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en junio de 2022.
Con el decreto emitido por el Congreso, el título para la prestación del servicio dejó de ser válido desde el primer día del presente año, pero la empresa mantiene la operación mediante fallos protectores definitivos en otros juicios de amparo.
Sobre estos litigios jurídicos, la compañía igualmente enfrenta una denuncia por presuntamente falsear información, con lo que se habría incurrido en un supuesto fraude procesal para mantener el control de la concesión.
Desarrollos Hidráulicos de Cancún tiene como accionistas que cotizan en bolsa al Grupo Mexicano de Desarrollo (51.1%) y GBM Hidráulica (49.9%), esta última que es administrada por su filial GBM Infraestructura.
Los accionistas mayoritarios de Aguakan, Jorge Ballesteros Franco y Jorge Ballestero Zavala (presidente del Consejo y director del Grupo Mexicano de Desarrollo, respectivamente) y el director de Aguakan, Paul Rangel, interpusieron también amparos contra una supuesta orden de aprehensión en su contra que resultó inexistente, pero con los que en realidad buscaron tener acceso a la carpeta de investigación del supuesto fraude procesal, lo cual les fue negado.
Con otro juicio de garantías, Aguakan intenta rehuir también a un procedimiento de auditoría de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a sus registros contables, legales, económicos, financieros y administrativos.
La fiscalización obedece a que la compañía emitió certificados bursátiles de deuda, pero ha impedido la fiscalización que busca garantizar el cumplimiento de la normatividad financiera y su estabilidad económica.
