- Los exalcaldes de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis y Perla Tun, tramitaron amparos.
MARCO ANTONIO BARRERA
COZUMEL, Q. ROO.- Los expresidentes municipales de Cozumel, Perla Tun Pech y Pedro Joaquín Delbouis, recurrieron a los juicios de garantías para blindar su libertad.
La excandidata a una diputación local por el Partido Acción Nacional (PAN) en el reciente proceso electoral acumula tres amparos en los que se le impuso el pago de casi 170 mil pesos como garantía económica para seguir gozando de la protección constitucional.
Tun Pech enfrenta acusaciones de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por su presunta responsabilidad en el uso indebido de atribuciones y facultades, cuando gobernó la isla de 2016 a 2018.
Las medidas cautelares que se le han otorgado consisten en evitar su detención con el uso de la fuerza pública, y en caso de que amerite la prisión preventiva se le destinará un sitio distinto al confinamiento carcelario.
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Las acusaciones que enfrenta la exalcaldesa fueron promovidas hace seis años por Joaquín Delbouis, cuando bajo los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sucedió a Perla Tun en el gobierno municipal (trienio 2018-2021).
Sin embargo, en la pasada contienda que compitió nuevamente para repetir en la Presidencia Municipal de Cozumel por la coalición “Fuerza y Corazón por Quintana Roo”, Joaquín Delbouis incluyó como compañera de fórmula a Perla Tun, quien pretendía lograr una diputación local. Ambos fueron derrotados por la marea de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, comandada por Morena.
Joaquín Delbouis tramitó también un amparo, como representante de otras personas cuya identidad se omite, ante una eventual orden de aprehensión en su contra.
En el juicio de garantías radicado con el número 35745670 del Juzgado Octavo de Distrito, se le concedió una suspensión provisional mediante el pago de una garantía económica de 4 mil 500 pesos, desde el 25 de mayo.
Los tres amparos que acumula Perla Tun son contra actos de un juez adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel.
A un juicio se le asignó el número 35533581 en el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Quintana Roo, el 16 de mayo pasado.
A la solicitante se le concedió una protección legal provisional condicionada al pago de 25 mil pesos, aunque después la medida protectora le fue retirada al negarse la suspensión definitiva, el lunes pasado.
En un segundo amparo, al cual se le asignó el número 35630040 por el Juzgado Segundo de Distrito, se le concedió la protección constitucional el 27 de mayo último. Pero recientemente, el diez de junio, le fue otorgada una suspensión definitiva con el previo pago de una garantía por 50 mil pesos, el pasado.
Un tercer amparo fue contra una desaparición forzada e incomunicación en caso de ser detenida por los cargos denunciados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como parte del expediente FGE/QR/FECC/COZ/0223/05/2021.
Bajo el número 35615065, el caso fue turnado al Juzgado Noveno de Distrito, el cual el 24 de mayo le otorgó también una protección inmediata previo pago de una garantía de 93 mil pesos.
La protección impone que no podrá ser detenida si el delito no amerita la prisión preventiva, y en caso contrario porque proceda el encarcelamiento, no deberá darse con el uso de la fuerza pública, lo cual deberá ser notificado al juzgado en un plazo no mayor a 24 horas.
Igualmente, quedará a disposición del juzgado de Distrito, mismo que decidirá un lugar distinto para su confinamiento.
En este supuesto, se aclaró, se podrá seguir integrando la carpeta de investigación y la continuación del procedimiento, incluso se podrá formalizar la imputación de los cargos.
