Por KUKULKÁN
RESULTA francamente entretenido, si no fuera trágico, ver cómo aquellos que hoy defienden con uñas y dientes la “independencia” del Poder Judicial de la Federación, guardaron un sepulcral silencio en enero de 1995 cuando el presidente Ernesto Zedillo decidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era mejor con once ministros en lugar de veintiséis, y entonces nadie se rasgó las vestiduras. ¿Autoritarismo? ¡Por favor! Lo llamaron “jubilación inmediata” y se modificaron veinte artículos de la Constitución en un abrir y cerrar de ojos, todo con la bendición de diputados de todas las bancadas. ¡Qué tiempos aquellos!
PERO claro, el verdadero motivo detrás de este movimiento maestro fue que Zedillo necesitaba despegarse del titiritero mayor, Carlos Salinas de Gortari, el artífice de la privatización que había dejado un país a merced de unos cuantos potentados. Zedillo sabía que, si quería hacer justicia y marcar una diferencia, debía empezar con Raúl Salinas, el hermano incómodo, quien tenía las manos manchadas de los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Si bien del primero lograron borrar todas las pistas, por el segundo Raúl pasó una década tras las rejas.
ZEDILLO necesitaba a la Corte de su lado para evitar las garras legales de Carlos Salinas, quien entendió el mensaje a la perfección y se autoexilió. Todo un estratega, don Carlos. Con la llegada de Vicente Fox, los salinistas resurgieron como el fénix y recuperaron terreno en la Suprema Corte, liberando a Raúl Salinas y devolviéndole hasta el último centavo. ¡Justicia divina, señores!
DESDE entonces, la Corte ha sido un bastión de los intereses salinistas. No es de extrañar que hoy, encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el máximo tribunal del país frene con ímpetu cada paso de la Cuarta Transformación. López Obrador, al ser obstaculizado por una avalancha de amparos, se ha visto obligado a recurrir a decretos presidenciales para declarar como de seguridad nacional todas las obras de su administración. Y mientras tanto, los opositores construyen su narrativa de autoritarismo, tratando de hacernos creer que AMLO es un dictador en ciernes.
VOLVAMOS a 1995, ¿qué nos dejó la reforma judicial de Zedillo? Ah, sí, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, herramientas que han sido usadas y abusadas desde entonces para frenar las reformas que afectan a los poderes fácticos como las impulsadas por la Cuarta Transformación. Y no olvidemos la gran aportación del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano administrativo que debía liberar a los ministros para dedicarse exclusivamente a lo jurisdiccional, con excepción del presidente de la Corte, claro está, que a su vez es el órgano disciplinario para ‘castigar’ a jueces y magistrados cuyas sentencias rayan en la ilegalidad.
EN LA PLENITUD de su poder, Zedillo no encontró resistencia. Los salinistas, derrotados momentáneamente, aplicaron la máxima de “viva el rey, muera el rey”. La misma Corte, esa de los nuevos ministros, validó el desfalco monumental del Fobaproa, convirtiendo deudas privadas en deudas públicas que seguimos pagando. ¡Qué ironía, los defensores de hoy callaron entonces! Quienes hoy gritan “¡dictadura!” eran los mismos que aplaudían en silencio cuando Zedillo y sus aliados hacían y deshacían a su antojo. La guerra judicial de hoy no es más que la última patada de un grupo que se aferra a un poder que sabe perdido si Morena impone su reforma judicial. Y así seguimos, en este país donde la hipocresía es la ley no escrita, pero siempre vigente.
