- La impartición de justicia es una de las funciones que el Estado debe garantizar de manera efectiva a los ciudadanos.
JORGE GONZÁLEZ
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La impartición de justicia es una de las funciones que el Estado debe garantizar de manera efectiva a los ciudadanos, y sólo de esta manera se podrá tener un verdadero acceso a la justicia; sobre todo a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Al participar en el Cuarto Foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial denominado “División de Poderes: Medios legales y constitucionales”, que se llevó a cabo en Chiapas, el gobernador de la entidad Rutilio Escandón Cadenas mencionó que eso es lo que se busca reformar para ofrecer un verdadero trato justo a los ciudadanos.
Acompañado del gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; el mandatario aseguró que este foro seguramente fortalecerá el proyecto de reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con miras a generar una justicia pronta e imparcial cuyo objetivo es robustecer la función jurisdiccional, respetando los derechos de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación.
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“No olvidemos que la finalidad del Estado es alcanzar el bien común, y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión; por ello, cuando invocamos con la voz de la razón lo más importante que es la justicia, escucharemos el eco de la ley”, dijo ante legisladoras y legisladores federales y locales, integrantes del Senado de la República, comunidad jurista y demás funcionarios y participantes.
Por su parte Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas y actualmente senador, señaló que es importante escuchar a todas las partes involucradas de alguna manera en los procedimientos judiciales, pero sobre todo al pueblo en general.
Además, consideró que se deben analizar todos los aspectos de la procuración e impartición de justicia y su aplicación. En este sentido, pidió también plantear el tema de la procuración de justicia porque, indicó, es ahí donde le duele al pueblo de México. Mientras se tengan ministerios públicos que no ejercitan adecuadamente la acción penal, y haya carpetas de investigación mal sustentadas, seguirán existiendo los mismos problemas.
“Refundemos las instituciones, pero abriendo nuestra conciencia, como lo he convocado en Chiapas, eso nos hace mejores seres humanos y más empáticos con la gente de a pie, con la gente que requiere justicia; ser más empáticos, para entender y comprender que México no puede quedar estático, tiene que haber movimiento y reformas, pero debe haber siempre el convencimiento de mejorar”, puntualizó.
Los diputados Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, coincidieron en la relevancia de escuchar opiniones y abordar temas como la elegibilidad, gradualidad y los artículos transitorios. Afirmaron que no está a discusión el respeto a los derechos ya adquiridos de los trabajadores del PJF.
Por parte del Congreso del Estado la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez, explicó que los congresos locales tienen un papel fundamental para cualquier modificación en la Carta Magna, por lo que celebró este ejercicio plural.
La diputada Flor Esponda, presidenta de la Junta de Coordinación Política local, resaltó la importancia de atender las distintas posturas, y precisó que Chiapas acompaña a México en su evolución política.
Asimismo el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Guillermo Ramos Pérez, sostuvo que estos diálogos nacionales permiten escuchar las distintas opiniones; con el objetivo de fortalecer y democratizar la reforma, para que esté a la altura de las necesidades de los nuevos tiempos sociales que reclaman la justicia en México.
Asistieron: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek; la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García; la diputada presidenta del Grupo Parlamentario de Morena, Adriana Bustamante Castellanos; el diputado federal Ismael Brito Mazariegos; y representantes de organizaciones, barras y colegios de abogados, entre otros.
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