- El decreto también obliga a las instancias de salud a reportar al Ministerio Público los casos que se registren por ataques con ácido.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- A cuatro años de haber sido atacada con sosa cáustica, María Carmen Márquez, víctima y sobreviviente de violencia ácida, acusó que la Fiscalía General del Estado ya que: “ni siquiera han citado al agresor, el cual está plenamente identificado, y mucho menos han realizado los peritajes respectivos”.
Carmen Márquez tenía 36 años cuando ocurrieron los hechos. Al salir del trabajo fue sorprendida por su agresor, su ex pareja sentimental; quien al llegar a su domicilio le aventó un líquido químico que le desfiguró el rostro y gran parte del cuerpo.
En conferencia de prensa, acompañada de Marcela Fuentes, diputada de la Ciudad de México y promotora de la iniciativa de la “Ley Malena” y de la diputada local electa, Carola Viveros; la activista xalapeña señaló que “el hecho de no ser visibles ni tener un espacio para darnos a conocer, no quiere decir que no existamos. Existimos y desgraciadamente nuestra recuperación es bastante lenta, la piel tarda muchísimo en recuperarse y los tratamientos son costosos”, señaló Márquez.
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Acusó que el agresor, quien la roció con sosa cáustica, está libre debido a que uno de sus familiares lo protege desde el Poder Judicial. “No hay nada, ni siquiera han hecho los peritajes correspondientes a cuatro años. Básicamente a mí me deja pensar que hay conflicto de intereses hacia otras personas”, dijo Carmen Márquez.
A partir de ese momento, la vida de Carmen y la de sus dos hijos cambiaron, pues tuvieron que mudarse de casa y encabezar una lucha social a favor de las personas que son víctimas con sustancias químicas o corrosivas.
“De nada sirve que nosotros vayamos con las autoridades porque nos sentimos amenazadas, intimidadas, lo único que hacen es minimizar nuestros casos, para nosotros la justicia es una utopía todavía, porque nosotros seguimos creyendo en la justicia y lamentablemente la justicia no nos respalda, nos está dejando solas, nos está dejando morir”, aseguró Carmen Márquez.
La sosa cáustica lesionó sus manos y cara, parte del corrosivo le cayó en sus ojos y casi de por vida tiene que usar lentes especiales; lleva más de 15 cirugías para tratar de aminorar su daño físico y aunque cuenta con Seguro Social, hay gastos que ha tenido que llevar a cabo por su cuenta o a través de donaciones. En el país, Carmen es una de las 47 víctimas que han sobrevivido a este tipo de violencia.
“Yo me siento con la responsabilidad, yo me siento con ese compromiso de que sepan que si gritamos entre dos, entre tres, entre cuatro, nuestra voz se va a escuchar y entiendan la gravedad de este delito”, concluyó.
Recientemente, el 31 de julio pasado en el Congreso de Veracruz se aprobó el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal del estado, para tipificar como delito la violencia ácida y sancionar con penas que irían de ocho a los 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)., además de reparación de daño.
Esta nueva ley tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivos que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero o con discapacidad.
Las penas más severas se ejercerán en el caso de agresiones cometidas por razones de género, que tengan como antecedente amenazas, acoso u otro tipo de violencia. Si el ataque causa daños graves y permanentes e incapacitantes a la víctima, se deberá considerar como tentativa de feminicidio.
El decreto también obliga a las instancias de salud a reportar inmediatamente al Ministerio Público los casos que se registren por dichos ataques.
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