- Esta figura constitucional ya es vigente y busca blindar a juzgadores de delincuentes peligrosos.
AGUSTÍN AMBRIZ
CIUDAD DE MÉXICO.- En la mañana del 17 de octubre de 2016, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías salió a hacer ejercicio en un parque cerca de su casa en Metepec, Estado de México. A sus 37 años, Bermúdez era un joven juez federal con un historial de casos de alto perfil que incluían procesos en contra de Joaquín “Chapo” Guzmán y otros líderes del crimen organizado. Mientras corría, un atacante se le acercó por la espalda y le disparó a quemarropa. Bermúdez cayó al suelo, víctima de una violencia que no cesa para quienes se atreven a juzgar a los poderosos cárteles de la droga en México.
Casos como el de Bermúdez no son excepcionales. En 2020, Uriel Villegas Ortiz, otro juez federal, fue asesinado junto a su esposa en su hogar en Colima. Villegas también llevaba casos contra el temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estos ataques, y otros similares, han dejado claro que, en México, el rol de juzgador puede ser una sentencia de muerte en sí misma.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, la situación para los jueces mexicanos sigue siendo extremadamente peligrosa en zonas donde el crimen organizado extiende su control sobre territorios y recursos.
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CASOS DE ALTO RIESGO
En respuesta a estos alarmantes episodios, México se une ahora a una tendencia ya establecida en países como Italia, España, Colombia y Perú, donde la figura de los “jueces sin rostro” ha sido utilizada en casos de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. Estos jueces anónimos, designados para mantener su identidad oculta, permiten avanzar en procesos judiciales de alto riesgo sin que los magistrados sufran represalias directas. No obstante, en cada país esta medida ha generado tanto éxitos como críticas.
En Italia, la lucha contra la mafia siciliana en los años 80 y 90 llevó al uso de jueces en condiciones de seguridad extrema. Aunque no eran oficialmente “sin rostro”, figuras como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino se convirtieron en íconos de la lucha contra el crimen, siendo ambos asesinados en 1992 tras haber sido objetivos claros de la Cosa Nostra.
La experiencia italiana mostró que, aunque estas medidas de protección pueden ser efectivas, la amenaza puede llegar a niveles en los que ni el anonimato ni la seguridad adicional logran salvaguardar las vidas de los jueces.
COLOMBIA Y PERÚ
En la Colombia de los años 80 y 90, la guerra contra los poderosos cárteles de Medellín y Cali llevó a la implementación de jueces “sin rostro”. Al enfrentar a figuras como Pablo Escobar y a miembros de grupos paramilitares y guerrilleros, las autoridades optaron por mantener la identidad de los jueces en secreto. Sin embargo, este sistema también se encontró con críticas, ya que varios organismos de derechos humanos denunciaron que el anonimato comprometía el derecho a un juicio justo y transparente.
Aunque la medida fue efectiva en términos de sentencias, no escapó a la controversia en torno a la transparencia y la rendición de cuentas.
Perú, a su vez, adoptó este sistema en los años 90 durante el enfrentamiento con el grupo terrorista Sendero Luminoso. La estrategia permitió procesar a líderes insurgentes como Abimael Guzmán, pero con el tiempo, los cuestionamientos llevaron a una reforma judicial que eliminó a los jueces sin rostro debido a las críticas sobre falta de transparencia y posibles violaciones de derechos humanos.
MÉXICO Y LA REFORMA JUDICIAL
La reciente reforma constitucional de 2024 en México incorpora oficialmente la figura de los “jueces sin rostro” para casos relacionados con delincuencia organizada.
La modificación al Artículo 20 de la Constitución Mexicana busca proteger a los jueces que manejan casos de alto perfil en un contexto de violencia imparable. Para quienes apoyan la medida, ésta representa un avance necesario para que el sistema de justicia mexicano funcione sin el temor que constantemente acecha a los magistrados.
Sin embargo, voces críticas, incluyendo organizaciones internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que el anonimato judicial podría poner en riesgo el derecho a una defensa justa y transparente.
Las experiencias en otros países han mostrado que, aunque los jueces sin rostro pueden ser una medida efectiva para reducir la violencia en su contra, este tipo de justicia anónima no está exenta de problemas éticos y legales.
BENEFICIOS Y DESAFÍOS
La figura de los jueces anónimos se presenta como una solución pragmática en situaciones extremas: protege a los magistrados de amenazas y violencia, permite una mayor imparcialidad al reducir la posibilidad de presiones externas y, en muchos casos, facilita condenas en contextos de riesgo extremo.
En México, donde al menos 12 jueces y magistrados han sido asesinados entre 2006 y 2023, la implementación de esta figura busca responder a una necesidad urgente de seguridad para el sistema judicial.
No obstante, esta medida plantea interrogantes fundamentales sobre la transparencia del proceso judicial y el derecho de defensa de los acusados.
El anonimato de los jueces puede generar desconfianza en los fallos y limitar la capacidad de los defensores para evaluar la idoneidad de quien juzga a sus clientes. Además, esta práctica ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, que alertan sobre las posibles violaciones al debido proceso.
JUSTICIA ANÓNIMA, JUSTICIA NECESARIA
México entra en una nueva etapa de su sistema judicial, adoptando la figura de los jueces sin rostro en un esfuerzo por proteger a quienes enfrentan al crimen organizado desde el poder judicial. Si bien esta medida ofrece una respuesta a las amenazas que rodean a los juzgadores, las experiencias en países como Italia, Colombia y Perú demuestran que el anonimato judicial puede ser una espada de doble filo, útil en términos de seguridad, pero vulnerable a cuestionamientos éticos y jurídicos.
En última instancia, México enfrenta el reto de balancear la protección de sus jueces con el respeto a los derechos de los acusados y la transparencia en el proceso judicial.
La figura de los jueces sin rostro es, quizá, una solución imperfecta en un contexto de violencia extrema, pero también una medida que podría permitir que la justicia avance en un país donde hacerla cumplir ha sido, durante años, un acto de valor y riesgo.
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