- El directivo de Aguakan, Paul Andrew Rangel Merkley, y una segunda persona no identificada lograron evadir la justicia.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Igual que ocurrió con los directivos del consorcio accionista mayoritario de Aguakan, el director general de la concesionaria, Paul Andrew Rangel Merkley —junto a una segunda persona no identificada— burló temporalmente una orden de aprehensión en su contra.
El mandamiento judicial se intentó ejecutar por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y de la Guardia Nacional en las oficinas centrales de la empresa en Cancún, el 22 de diciembre pasado.
Uno de los elementos policiales trató de ingresar a las oficinas con un documento en mano, del que aseguró se trataba de una orden de detención emitida por un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo.
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La detención de Rangel Merkley se frustró porque se negó el acceso de los elementos policiales a las oficinas de la compañía que brinda el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
El procedimiento de captura y la forma en que fue impedido fue el mismo que ocurrió con el presidente del Consejo, el director general adjunto y una tercera persona del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), Jorge Ballesteros Franco y Diego Xavier Avilés, respectivamente, en las oficinas del corporativo localizado en la Alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, el 2 de enero pasado.
Los directivos citados son las cabezas del grupo empresarial que posee el 51 por ciento de las acciones de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, que opera comercialmente como Aguakan.
Los títulos restantes son propiedad de Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Infraestructura, que al igual que el GMD cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los directivos del corporativo y la empresa concesionaria están acusados del delito de fraude procesal por presuntamente presentar información falsa a un juez federal.
Las personas señaladas han catalogado que se trata de “hechos falsos”, mientras que la compañía goza de medidas cautelares definitivas otorgadas en el amparo 34191096 el Juzgado Octavo de Distrito desde el 19 de enero de 2024.
El juicio de garantías citado fue interpuesto por la empresa contra la derogación de la emisión del Decreto 195 con el cual se prorrogó el vencimiento anticipado de la concesión que culminaría el 2023, pero la extendió hasta 2053.
La culminación del permiso se hizo mediante un Decreto emitido por el Congreso de Quintana Roo, el 22 de diciembre de 2023.
Paul Rangel solicitó la protección de la justicia federal para evitar ser detenido y en caso de que se le cite a una comparecencia para la continuación del procedimiento, y de establecerse alguna otra medida para que no fuera ejecutada.
Igualmente, pidió medidas cautelares contra la emisión de una alerta roja de la Policía Criminal (Interpol), y una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración.
El amparo 37174290 del Juzgado Segundo de Distrito se solicitó el 26 de diciembre del año pasado, cuyas medidas protectoras fueron ampliadas al resolverse la queja 37202323 del Segundo Tribunal Colegiado, el 6 de enero del presente año.
Los términos de la suspensión provisional indica que el funcionario de ser aprehendido y recluido quedará su libertad a disposición del juez de amparo, y a disposición de la autoridad que corresponda conocer el asunto penal.
Respecto a la emisión de la ficha roja y de la alerta migratoria generadas para cumplir con la aprehensión, quedaron sin efecto hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
La orden del juez de Distrito impide que se le detenga de ser acusado de delitos que no ameriten la prisión preventiva oficiosa, como tampoco cuando comparezca ante un Juez de Control, a pesar de que se autorice la prisión preventiva justificada como una medida cautelar.
De tratarse de delitos que ameriten la medida cautelar, se le pondrá a disposición en un sitio que disponga el juez federal, y de la autoridad para la continuación del procedimiento.
Otro supuesto señala que de encontrarse materialmente detenido y el Ministerio Público solicite la prisión preventiva, se le llevará al sitio que ordene el juez encargado del amparo, para garantizar su comparecencia en el juicio y el desarrollo de la investigación.
En el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo, la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso se agendó para el 6 de febrero próximo.
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