- De los ocho contratos irregulares únicamente en tres se presentó la información y documentación, pero sin acreditar los supuestos servicios.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) aceptó su culpabilidad al verse acorralado por una revisión forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2016.
A José Luis Pech Galera ‘no le quedó de otra’ al comprobarse que incurrió en un cúmulo de irregularidades legales que lo vinculan a la llamada “Estafa Maestra”, por al menos 20 millones de pesos, junto a otras dos personas.
El caso se armó con el análisis de la contratación y pagos irregulares a ocho proveedores, a los que entregó 97 millones 268 mil 300 pesos de recursos federales.
- Combaten hoteleros impuesto en Cancún
- Confirman dos policías detenidos en Chetumal
- Refrendo de licencia de funcionamiento ya es trámite digital en Cancún
La sentencia que recibió fue de 8 meses con 29 días de prisión, y todavía le resta recibir una pena por reparación del daño.
El sentenciado es hijo del actual diputado local y ex candidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Varguez,
La responsabilidad citada quedó al descubierto en la auditoría 1793-DS que fiscalizó convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015 y 2016, que se saldaron con recursos del último año.
El caso fue un esquema de simulación de operaciones para desviar recursos que le fueron contratados a la universidad, pero carecía de capacidad material y humana para realizarlas.
Del análisis financiero se estableció que las facturas emitidas por las compañías cumplieron con requisitos legales, pero encubrieron operaciones inexistentes.
Los esquemas creados se hicieron con la intención de asignar de manera directa servicios y adquisiciones con proveedores elegidos por los mismos funcionarios involucrados, en los que el ex rector incurrió en un conflicto de intereses.
Las supuestas empresas eran de las llamadas factureras, que carecen de activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar bienes, productos o servicios.
Se actuó también con falsedad de la institución educativa al decir que no se requería la contratación de terceros, y se recurrió a proveedores ficticios, no localizados e inexistentes.
Algunos proveedores compartieron domicilios, apoderados y representantes legales, o fueron sancionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero casi todos no reportaron fiscalmente esos ingresos.
En la auditoría se establece que el vínculo de Pech Galeta fue por una invitación telefónica con el personal de la Sedatu, “del cual no recuerdo su nombre”, pero que le aseguró que si tenían la capacidad de realizar los servicios.
En una defensa endeble que no convenció a la auditoría forense, alegó que le enviaban los contratos para firma, y se le daba seguimiento jurídico, administrativo y técnico.
Antes de la contratación, aseguró, se hacía con un supuesto estudio de mercado del área administrativa, y todo se remitía a las áreas correspondientes. La realidad fue que se hacía una consulta en internet
“Como ex rector de la Universidad apliqué el procedimiento. Cada área tiene su responsabilidad, el área administrativa y la jurídica”.
La versión fue contradecida por el entonces secretario administrativo al dejar el claro que no tuvo injerencia, y todos los trámites los hizo la rectoría, sin que sesionara el Comité de Adquisiciones.
“Yo solo participé en la revisión documental. El ex rector me proporcionaba la documentación y los contratos para su revisión”.
La ASF concluyó que la Universidad tampoco anotó en la contabilidad de las operaciones, para evitar que fueran reportadas a la Cuenta Pública del estado, con lo cual tampoco tuvo conocimiento para auditar su destino.
De los ocho contratos irregulares únicamente en tres se presentó la información y documentación, pero sin acreditar los supuestos servicios. Las cinco empresas restantes no fueron localizadas.
De las cuentas bancarias donde se hicieron los depósitos, se transfirieron a otras personas físicas y morales, sin evidencia de contratos o constancias.
EMPRESAS
Al “Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V.” se le pidió un diagnóstico de la información y comunicaciones para integrar un sistema consolidado, y para la transferencia de conocimientos de aplicaciones informáticas en 2016. Hubo dos contratos por 6 millones 873 mil pesos (1 de julio y 14 de noviembre).
El domicilio de la empresa fue inexistente, la representante fue la jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Universidad, y el ex rector fungió como apoderado de la firma, mismo que abrió la cuenta de banco a la que únicamente él tenía acceso.
Ante un evidente conflicto de interés, Pech Galera fue cuestionado y se limitó a contestar “no recuerdo”.
A la moral “AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V.” se le dieron dos contratos por un servicio de diagnóstico e inventario de información, y la notificación y localización de posibles beneficiarios de apoyos de ampliación y mejoramiento de la vivienda 2016. El pago fue por 31 millones 831 mil 300 pesos, y solo justificó 6.3 millones de pesos.
A la “Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V.” se le contrató para la gestión digital de expedientes del programa de infraestructura 2016, por 28 millones 837 mil 200 pesos (9 de noviembre de 2016). El domicilio de la moral fue inexistente.
A “Competencia y Habilidades para el Trabajo, A.C.” se le pidió el diseño del modelo operativo para notificar, supervisar y verificar la ampliación y mejoramiento de la vivienda del programa de infraestructura 2016, por 14 millones 790 mil 500 pesos (10 de noviembre). A la empresa no se le pudo localizar.
A “Infotecnick, S.A. de C.V.” se le encomendó un estudio para explorar la pertinencia de tercerizar los servicios relacionados con tecnologías de información y comunicaciones de 2015, por 5 millones 169 mil 300 pesos (8 de julio). La factura fue cancelada sin exponer motivos y la compañía tampoco pudo ser contactada.
A “Custom Performance, S.A. de C.V.” se le encargó un diagnóstico sobre infraestructura tecnológica y de comunicaciones 2015, por tres millones 182 mil pesos (10 de junio). Se localizó sin comprobar alguna relación contractual.
A “Integración Documental, S.A. de C.V.” se le contrató para el levantamiento de información de infraestructura relativa a tecnología de información y comunicación en 2015, por 3 millones 922 mil pesos (10 de junio). Se le localizó pero no justificó la subcontratación de servicios.
Por último, “Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V.” se haría cargo de una capacitación sobre herramientas tecnológicas de desarrollo en 2016, por 4 millones 663 mil pesos (15 de noviembre). Tampoco fue localizada.
Te puede interesar: Se declara José Luis Pech Jr. culpable de ‘Estafa’
