- Proponen expedición de la Ley General de Justicia Cívica como herramienta para resolver conflictos menores.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de personas esperan justicia en México por delitos graves: homicidios, secuestros, desapariciones. Pero hay otra fila, menos visible, donde se acumulan casos por riñas vecinales, amenazas menores, daños no graves o conflictos de convivencia.
Y es esa montaña de conflictos cotidianos la que satura a jueces, ministerios públicos y tribunales, restándoles capacidad para enfrentar la verdadera urgencia: los delitos de alto impacto.
Ante este panorama, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, ha propuesto la expedición de una Ley General de Justicia Cívica, una herramienta legal que podría representar un antes y un después en la forma de construir paz social en el país.
La iniciativa, actualmente turnada a comisiones para dictamen y análisis presupuestal, plantea algo sencillo, pero poderoso: que los conflictos menores y los delitos que ya admiten acuerdos reparatorios sean tratados fuera del sistema penal tradicional, a través de mecanismos cívicos, restaurativos y más ágiles. La intención es liberar carga del Ministerio Público y los jueces de control, para que estos puedan concentrarse en los casos más complejos y graves, donde la impunidad sigue siendo la norma.
Más que un simple cambio administrativo, esta ley propone una nueva forma de entender la justicia: más cercana, más humana, más preventiva. Porque cuando no se atienden los problemas pequeños, estos crecen, escalan y se convierten en amenazas reales para la seguridad de las comunidades. Y porque resolver una pelea entre vecinos o un acto de vandalismo con diálogo y reparación puede evitar que mañana se convierta en una tragedia.
La iniciativa también contempla la creación de programas restaurativos, que ayuden al infractor a comprender el daño causado y modificar su conducta, ya sea mediante trabajo comunitario o asistencia a actividades con componentes terapéuticos. Además, se asegura la designación transparente y profesional de jueces cívicos, para garantizar imparcialidad y efectividad en el servicio.
En un país donde la justicia tarda o simplemente no llega, esta propuesta busca descongestionar el sistema sin debilitarlo, ofreciendo soluciones rápidas, legales y restaurativas para los conflictos de todos los días. No todo necesita una denuncia penal, pero sí una respuesta institucional. Y porque la justicia cotidiana es también una estrategia de seguridad nacional.
Si la justicia es una herramienta para la paz, como afirma Ballesteros, entonces es momento de que empiece a funcionar también en los barrios, en las colonias, en los parques y en los hogares donde hoy, los pequeños conflictos se acumulan sin solución. La justicia cívica puede ser esa primera respuesta que evite la próxima tragedia.
