- Sin cheque en blanco, pero con voluntad, la fracción parlamentaria del PAN se sumó a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 votada hoy ante el Senado.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez en casi siete años, la oposición en el Senado no llegó a la discusión de seguridad con los guantes puestos. En lugar de acusaciones cruzadas, se escuchó un tono inusual: colaboración.
El Grupo Parlamentario del PAN decidió acompañar —aunque con reservas y advertencias— la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 propuesta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que hasta hace poco parecía impensable, ocurrió: oposición y oficialismo compartieron una causa en común, aunque bajo una estricta cláusula de vigilancia.
“No estamos ofreciendo un cheque en blanco al secretario de Seguridad”, sentenció el senador panista Francisco Ramírez Acuña. “Estamos entregando nuestro apoyo para que se hagan bien las cosas”, puntualizó, al tiempo que lanzó una crítica firme al pasado reciente: “Acompañamos el dictamen, para que no haya pretexto sobre la falta de instrumentos del Ejecutivo para combatir exitosamente al crimen organizado”.
El respaldo no fue gratuito ni ingenuo. Desde el pleno, Ramírez Acuña dejó claro que su bancada utilizará “todas sus facultades y capacidades de control parlamentario para vigilar, evaluar y exigir resultados en nombre de una ciudadanía inerme”. Y lo dijo con contundencia: esa ciudadanía vive hoy bajo la sombra de amenazas, extorsiones, cobro de piso, trata, secuestros y asesinatos, “aprovechados por la corrupción, la desorganización y la pasividad de autoridades que han obligado a la complicidad o al abandono”.
La intervención del PAN no fue la única. Desde el Partido Verde, el senador Luis Armando Melgar también subió a tribuna. Lo hizo no para marcar distancia, sino para celebrar un viraje histórico: el fin oficial de la estrategia de “Abrazos, no balazos”.
Con voz firme, afirmó que lo que hoy se presentó es una “estrategia integral, moderna y profundamente transformadora”, articulada en torno a cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y, sobre todo, coordinación absoluta entre los tres niveles de gobierno.
Melgar destacó dos de esos pilares como señales de una nueva etapa: el uso estratégico de la tecnología y la inteligencia, y la coordinación real en el Gabinete de Seguridad. “Estos dos ejes serán clave para enfrentar a la delincuencia organizada en una sociedad que ha cambiado y se ha digitalizado”, dijo. Para el legislador ecologista, esta nueva estrategia es la que “por fin da paso a una verdadera ruta de acción nacional”.
En una coincidencia poco frecuente, ambas posturas —PAN y PVEM— llamaron a construir un nuevo consenso en materia de seguridad. Uno que no parta del escepticismo, sino de la corresponsabilidad institucional. Mientras unos pedían “vigilar con lupa cada acción del Ejecutivo”, otros apostaban por “celebrar el inicio de una nueva era en el combate a la inseguridad”.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 no llegó sola: arrastra con ella las expectativas de un país cansado de cifras negras, de impunidad, de cuerpos sin nombre y de familias rotas. Y por primera vez en mucho tiempo, la política dejó un resquicio para el acuerdo.
Porque, como reconoció Ramírez Acuña, el sexenio pasado dejó un saldo trágico: más de 200 mil homicidios dolosos y 70 mil desaparecidos. Urge, dijo, una política de Estado “que anteponga la vida a las diferencias político-electorales”.
Con este primer paso, el Congreso mandó un mensaje claro: vigilarán, exigirán, corregirán si es necesario, pero también acompañarán. La seguridad, al fin, empieza a dejar de ser trinchera política y comienza a asumirse como causa nacional. O al menos, ese fue el compromiso de hoy. Ahora, los resultados tendrán que hablar.
