- Reforestación Extrema tendrá que rendir cuentas sobre los recursos que recibe como parte del convenio firmado con el Gobierno estatal.
STAFF / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Reforestación Extrema tendrá que rendir cuentas sobre los recursos que recibe como parte del convenio firmado con el Gobierno estatal para arborizar la Ciudad.
Ayer, el Instituto Estatal de Transparencia (INFONL) aprobó por unanimidad incluir a la asociación que encabeza Cosijoopii Montero en el padrón de sujetos obligados a cumplir las leyes de transparencia, por lo que deberá abrir los datos sobre el manejo de los recursos.
Desde marzo del 2023, cuando firmaron el convenio, la asociación y la Secretaría del Medio Ambiente estatal han alegado que los fondos provienen de aportaciones particulares y no hay obligación de transparentar su manejo.
Hasta noviembre del año pasado, el Estado había canalizado 270 millones de pesos a Reforestación Extrema para el programa de arborización, de los que 90 millones terminaron en un solo grupo familiar.
Los consejeros de INFONL resolvieron que los recursos recibidos por la asociación son públicos y deben transparentarse.
“Los fondos a los que tiene acceso Reforestación Extrema son auxiliares de la Secretaría de Medio Ambiente”, explicó Brenda Lizeth González.
La asociación deberá difundir la información relacionada con el convenio, que le permite recibir directamente las compensaciones que empresas y particulares hacen por el impacto ambiental que generan sus construcciones y desarrollos.
La próxima semana se notificará a Reforestación Extrema del acuerdo, y tiene derecho a combatir la resolución.
Luego de un periodo de gracia para capacitación y arreglos técnicos, deberá subir a la Plataforma Nacional de Transparencia información periódica sobre los ingresos que recibe como parte del convenio.
BAJO LA LUPA DE ASE
Desde diciembre, la Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió una investigación contra Reforestación Extrema, luego de que en la Cuenta Pública 2023 del Gobierno Central detectó anomalías y violaciones en el convenio de la asociación con Medio Ambiente estatal.
Fuentes de la ASE señalaron que la investigación, que concluiría en septiembre, permitirá determinar si hay elementos para llevar el caso al Ministerio Público.
La ASE definió que los recursos que maneja la asociación sí son auditables al provenir del Estado; el monto de 81.2 millones de pesos recibidos en el 2023 no se ejerció de forma transparente; el acuerdo incumple el Artículo 14 de la Ley Ambiental, y Medio Ambiente cedió funciones que tienen sus subsecretarías.
También observó erogaciones por más de 1 millón 300 mil pesos bajo el concepto de “otros servicios”.
