- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, aseguró desconocer el operativo de la Administración de Samuel García para influir en las elecciones judiciales federales.
STAFF / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, aseguró ayer desconocer el operativo de la Administración del Gobernador emecista Samuel García para influir en las elecciones judiciales federales del próximo domingo.
Aunque la sede del partido ha sido utilizada para “capacitar” a los burócratas estatales para los acarreos, Martínez dijo que lo único que sabe es lo que han publicado los medios de comunicación.
“Nosotros como partido nos estamos manteniendo al margen, respetando el tema de la elección del siguiente domingo”, aseguró.
“La única información que tengo al respecto es lo que ha salido en medios de comunicación a lo largo de la última semana, pero pues de ahí en fuera no te sabría corroborar, ni detalles, porque la verdad nosotros nos estamos manteniendo al margen de esa situación”.
El líder emecista, quien ha sido señalado como uno de los operadores de la movilización de burócratas estatales para apoyar a candidatos afines a su partido, al Gobernador o a la 4T, mencionó que está a favor del voto libre.
“Tengo conocidos en el Gobierno del Estado que no me han comentado que a ellos les hayan encomendado alguna situación de estas (acarreos), entonces yo creo que es una investigación que se tiene que hacer a quien le corresponde”, dijo Martínez.
El 22 de mayo, EL NORTE publicó que una reportera se infiltró en una reunión de “capacitación” y constató que burócratas estatales son obligados a reclutar al menos a 10 personas para que el próximo domingo voten por los candidatos que el Estado les indique en un acordeón oficial.
“Yo estoy acuerdo en que la gente tiene que salir a votar libremente, ¿no? Nadie les puede decir, ni aunque sean conocidos ni familiares: ‘oye, vota por esto o el otro'”, aseguró ayer el líder emecista local.
La sede local de MC ha sido utilizada para realizar algunas de las “capacitaciones” a los empleados estatales, quienes son obligados a participar, con la advertencia de si no lo hacen pueden ser despedidos.