- A escasas semanas de concluir la gestión de la actual Suprema Corte, una serie de casos emblemáticos y de alto impacto económico y social podrían quedar sin resolución y pasar como rezago a la nueva integración del Máximo Tribunal.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- A escasas semanas de que concluya la gestión actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una serie de casos emblemáticos y de alto impacto económico y social podrían quedar sin resolución y pasar como rezago a la nueva integración del tribunal, cuya entrada en funciones está prevista para el próximo 16 de agosto.
Los ministros y ministras que aún integran la Décimo Primera Época de la Suprema Corte enfrentan una carrera contra el tiempo.
A pesar de que el calendario oficial marca sólo cuatro sesiones restantes en la Primera Sala y tres en la Segunda antes del receso del 13 de agosto, en el escritorio de la Corte reposan expedientes que podrían definir criterios jurídicos de gran trascendencia nacional.
Entre los casos más relevantes figura el amparo solicitado por Juana Hilda González, condenada a 78 años por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso otorgarle un amparo que implicaría su liberación inmediata; sin embargo, una de las partes promovió un impedimento para apartarlo del caso, posponiendo su análisis.
Otro asunto de alto perfil es la disputa fiscal de 2 mil 868 millones de pesos que mantiene una minera canadiense con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La resolución estaba programada para el 4 de junio, pero fue suspendida luego de que la empresa solicitó el impedimento contra la ministra Lenia Batres, sin especificar públicamente sus motivos.
También está pendiente una controversia entre el SAT y la empresa Dish, relacionada con un adeudo de 223 millones de pesos por IVA. A esto se suma una potencial revocación del criterio jurisprudencial que obliga al SAT a pagar intereses cuando devuelve impuestos tras anular créditos fiscales.
Este último tema ha generado roces políticos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente —aunque sin nombrarlo— al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por defender la vigencia del criterio.
IMPEDIMENTOS ESTRATÉGICOS
El uso de estos recursos legales ha sido tal, que ya se identifican patrones y actores recurrentes. El Grupo Elektra ha sido señalado como pionero en recurrir a impedimentos para demorar fallos adversos.
Actualmente mantiene dos litigios contra créditos fiscales que, en conjunto, suman más de 33 mil millones de pesos.
El caso del banco Actinver también ilustra el impacto de estas tácticas. En su disputa por mil 100 millones de pesos con el empresario Rafael Zaga, solicitó la recusación de tres de los cinco ministros de la Primera Sala, forzando a la Segunda Sala a decidir si procede la participación de sus colegas.
Así, mientras se acerca el cierre de una etapa en la Corte, los expedientes sin resolver se acumulan, evidenciando una pugna entre el tiempo institucional y las estrategias legales que buscan alargar la justicia.
La pregunta es si esta herencia judicial será una carga para la nueva Corte, o una oportunidad para redefinir su papel ante los ojos del país.
