- Más de mil hectáreas han sido invadidas en Mahahual por grupos de especuladores inmobiliarios.
RAQUEL FIERRO SYMONS
MAHAHUAL, Q. ROO.- La Costa Maya se ha convertido en el nuevo frente de batalla por el control del territorio en Quintana Roo. Después de Cancún y la Riviera Maya, el crecimiento turístico ha vuelto a Mahahual un imán no sólo para inversionistas legítimos, sino también para quienes han encontrado en la tierra una mercancía fácil de apropiarse y revender.
En Mahahual, el conflicto por la tenencia de la tierra no es un asunto reciente, pero su escala ha crecido de manera alarmante. Se calcula que más de mil hectáreas han sido ocupadas de forma ilegal por grupos que actúan con una logística y estructura que poco tiene de improvisada.
Se trata de una operación sistemática, ejecutada por líderes identificados con nombre y apellido: Peter Márquez, Rosario Güemes y Álvaro Álvarez, entre otros. Estos actores han encabezado al menos 25 invasiones, cada una con su propia dinámica, su propio terreno y su propio negocio.
El proceso se repite con una precisión inquietante. Se detecta un predio sin vigilancia o con problemas legales; se ocupan los terrenos bajo argumentos diversos –protección de derechos, abandono, necesidades sociales–; se lotifica el espacio, y se inicia la venta directa a quienes sueñan con un terreno cerca del mar.
Los precios son accesibles: desde tres mil hasta cien mil pesos. No hay escrituras, pero sí recibos, planos dibujados y una promesa de regularización que nunca llega. A menudo, se presentan solicitudes ante Sedatu para simular legitimidad, o se usan documentos falsos para reforzar la apariencia de legalidad.
Este esquema ha dado lugar a microcomunidades levantadas sobre terrenos ajenos, en ocasiones estatales, en otras, con dueño legítimo que ha sido desplazado o silenciado. Quienes intentan recuperar sus tierras enfrentan amenazas, procesos lentos y hasta desapariciones. Tal es el caso del empresario Juan Carlos Ortega Prado, desaparecido en 2021 luego de denunciar las invasiones en la zona.
Hasta la fecha se desconoce su paradero y las distintas versiones atribuyen su desaparición a los abusos que cometía como empresario hotelero, aunque hay quienes aseguran que fue por venganza de los grupos económicos con fuertes intereses en esta zona.
Ante tal panorama, el gobierno estatal ha reaccionado con denuncias: la Agepro ha presentado 285 expedientes por invasión de tierras, y la Fiscalía ha abierto 418 carpetas de investigación en todo el estado.
Pero en Mahahual, los desalojos pocas veces prosperan. Cuando ocurren, como en el caso de la zona conocida como La Victoria, derivan en enfrentamientos. Policías que entran con órdenes judiciales se enfrentan a grupos organizados y comunidades que, por necesidad o desconocimiento, se convierten en escudos humanos de un problema más grande.
El daño no se limita al ámbito legal. La ocupación desordenada ha provocado la devastación de más de 200 hectáreas de manglar y selva. El ecosistema de la Costa Maya, aún frágil y escasamente protegido, se erosiona ante la tala indiscriminada y la construcción sin planeación. Además, se multiplican los asentamientos sin servicios básicos, generando nuevos focos de marginalidad y violencia.
Mientras tanto, los nombres de los líderes de estas invasiones aparecen una y otra vez en reportes y denuncias. Peter Márquez, de origen hondureño, llegó a Mahahual desde Estados Unidos y se integró rápidamente a esta red de ocupaciones. Rosario Güemes y Álvaro Álvarez, según testimonios y reportes, repiten las mismas estrategias: promueven invasiones, venden lotes y justifican sus actos con documentos falsos o solicitudes administrativas sin sustento legal. Incluso han establecido negocios en la zona, como purificadoras de agua, financiados con los recursos obtenidos de estas actividades.
La historia reciente de Mahahual se escribe entre litigios, denuncias, desplazamientos y silencios. Las autoridades locales y estatales enfrentan una estructura que combina ilegalidad, corrupción y necesidad social.
La tierra, en la Costa Maya, es hoy más que un recurso turístico: es el epicentro de una disputa jurídica y territorial que amenaza con redefinir, de forma irreversible, el futuro de esta región.
