- La FGR acumuló entre enero y mayo de este año 3 mil 410 denuncias de Pemex por robo de combustible.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) acumuló entre enero y mayo de este año 3 mil 410 denuncias de Pemex por robo de combustible, es decir, unas 682 carpetas cada mes.
La cifra representa un aumento del 22 por ciento con respecto al promedio mensual de 2024, que cerró con 6 mil 715, esto es, unas 559 denuncias, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público Federal y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En números absolutos, en 2025 los estados con más denuncias reportadas son Puebla, seguido del Edomex, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, en esta última entidad con alertas por huachicol fiscal.
Sin embargo, los casos más preocupantes en el aumento de denuncias de Pemex se reflejan en Baja California, donde aumentaron en un 193 por ciento, al pasar de 14 a 41 expedientes en promedio mensual, de 2024 y 2025, respectivamente.
En marzo pasado, elementos del Ejército, Defensa y Marina aseguraron 8 millones de litros de hidrocarburo, contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas en Ensenada, Baja California, informó entonces el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
De acuerdo con reportes, el predio en el que fue localizado el combustible era arrendado por el ex senador de Morena Gerardo Novelo Osuna.
En Puebla, la FGR acumula 88 denuncias en promedio mensual entre enero y mayo, 17 por ciento más que el promedio de 75 carpetas reportadas el año pasado.
Grupo REFORMA ha documentado que varias tomas de huachicol han sido localizadas en el municipio de Ahuazotepec, colindante con Hidalgo, junto a la carretera 130.
En mayo, la Fiscalía de Puebla cateó el domicilio de Alfredo Ramírez, Presidente Municipal de Ahuazotepec, donde decomisaron un arma, cartuchos y varias dosis de droga.
En el pasado sexenio, en el marco de la estrategia antihuachicol, el Gobierno federal cerró los ductos y adquirió más de 600 pipas para transportar las gasolinas y diésel.
Sin embargo, Puebla otra vez comenzó a repuntar en este delito, principalmente por el piquete a ductos de Pemex.
Hidalgo también registró una alza del 26 por ciento, al pasar de 46 a 59 denuncias en promedio mensual.
Los ductos más castigados son los que atraviesan los municipios de Cuautepec, Tula, Atotonilco, Singuilucan, Tepeapulco, Nopala, Tetepango, Ajacuba, Tlaxcoapan y Atitalaquia.
Querétaro también reportó un aumento del 90 por ciento, al pasar de 20 a 31 denuncias en promedio mensual.
Grupo REFORMA ha documentado que los huachicoleros de la México-Querétaro ofertan garrafas con gasolina de hasta 20 litros, de entre 11 y 18 pesos por litro, con el conocimiento de la Guardia Nacional.
Tabasco, donde el huachicol es parte de una disputa criminal entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora, las investigaciones por huachicol aumentaron en un nueve por ciento, al pasar de 31 a 34 denuncias al mes.
Guanajuato, donde también se pelean el robo de combustible el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima, registró una alza del 18 por ciento, al pasar de 35 a 42 carpetas.
Tamaulipas y Veracruz, aunque muestran un descenso de 41 a 33 y de 37 a 33 denuncias, respectivamente, son entidades que están bajo la lupa de la FGR, debido a la constante ocurrencia del huachicol fiscal y hasta el refinamiento ilícito de crudo.
Otros focos rojos para la FGR son Oaxaca, Campeche, Chiapas, la CDMX, Jalisco y Tlaxcala, que aunque reflejan pocas denuncias en 2025, tienen aumentos considerables respecto a 2024.
La Ley castiga a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Además, a quien extraiga combustible de tomas clandestinas y luego lo resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte, o adultere.
La DEA alertó en mayo que organizaciones criminales mexicanas, ya catalogadas como terroristas, obtienen o roban, y luego contrabandean, petróleo crudo mexicano de Pemex a EU para su venta a compañías estadounidenses, en un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio.
