Por KUKULKÁN
LA SEGUNDA Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró ciclo como quien apaga la luz de la oficina el último día de trabajo: con prisa, con decisiones polémicas y con la mirada puesta más en el calendario que en los expedientes. El 1 de septiembre marcará el retiro forzoso de varios ministros y, como buenos funcionarios que saben que la silla pronto será de otro, se encargaron de dejar bien claro de qué lado de la historia quisieron aparecer en su foto final.
EL DESFILE comenzó con el amparo directo en revisión 2277/2025. El proyecto de Yasmín Esquivel Mossa —sí, la misma ministra cuyo currículum lleva meses empapado de tinta periodística— fue aprobado por mayoría para declarar constitucional que los trabajadores de Baja California pierdan el derecho a recibir las cuotas que aportaron si no alcanzan pensión. Lenia Batres Guadarrama fue la única que se opuso, denunciando la “confiscación” disfrazada de prescripción. Pero Esquivel, en un gesto que haría sonrojar a cualquier manual de la 4T, defendió el tijeretazo a los ahorros laborales con una frialdad que haría palidecer a cualquier tesorero del FMI. El progresismo, al parecer, se quedó en la puerta.
LUEGO vino el amparo en revisión 63/2025, en favor de Lorenzo Córdova, ese ex árbitro electoral que hoy encuentra en la Corte un blindaje a su honor. La mayoría ordenó a la SEP dejar de distribuir el libro “Proyectos Comunitarios” y borrar una frase que lo vinculaba con burlas hacia pueblos originarios. El ministro Laynez Potisek defendió la causa y encontró eco en Pérez Dayán y Pardo Rebolledo. Batres, otra vez, levantó la ceja y advirtió que se sacrificaron derechos colectivos —a la verdad, a la educación objetiva y a la no discriminación— en aras de proteger la reputación de un ex servidor público que no necesita más defensores. Nuevamente en la Segunda Sala, la balanza se inclinó hacia donde el honor individual pesa más que el derecho de los pueblos a no ser borrados o maquillados.
EL CASO minero —amparo en revisión 123/2025— fue una especie de “mejor lo dejamos para luego”. La mayoría decidió no conceder el amparo y devolver el expediente, a la espera de que el Pleno resuelva la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley Minera de 2023. Como en las series malas, se guardaron el capítulo final para la próxima temporada. Y en el recurso de reclamación 158/2025, la Corte coqueteó con regalarle a la empresa Pegaso PCS más de 4,442 millones de pesos en deducción fiscal. El empate en la votación dejó la decisión en pausa. Quizá la nueva Corte lo resuelva… o quizá no. De cualquier forma, el simple hecho de que se discutiera semejante regalo corporativo en la última sesión deja claro que la justicia fiscal a veces tiene más de filantropía empresarial que de equidad tributaria.
LO RESCATABLE de la sesión, fue un asunto que sí hizo honor a la palabra justicia: el amparo en revisión 170/2025, de Lenia Batres, concedido a una mujer indígena zapoteca para que el Gobierno de Oaxaca traduzca y difunda en su lengua la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Unanimidad en la votación, aplausos merecidos y un mensaje que, por un instante, pareció recordar que la Corte también puede ser un bastión de derechos humanos. Así se despidió la Segunda Sala: entre fallos que parecen escritos por consultores de bancos y concesiones mineras, y otros que sí tocan la fibra de la justicia social.
EL PRÓXIMO 1 de septiembre, las sillas cambiarán de dueño. Algunos ministros partirán con la satisfacción de haber dejado claro que su brújula moral apuntaba, invariablemente, hacia donde el viento del poder soplara más fuerte. La lección es simple: en la Corte, como en la política, no todos los finales son épicos. Algunos son apenas un cierre administrativo disfrazado de solemnidad. Pero no se preocupe, estimado lector: el Nido de Víboras seguirá aquí para recordarle quién cantó, quién mordió… y quién se hizo el dormido mientras la justicia se acomodaba para la foto de despedida.
