- El hostigamiento judicial en contra de periodistas y medios de comunicación ha crecido en México en forma alarmante.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El hostigamiento judicial en contra de periodistas y medios de comunicación ha crecido en México en forma alarmante; durante los primeros siete meses del año alcanzó una cifra récord al haber sumado 51 casos, advirtió la organización Article 19.
En el reporte “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, que será dado a conocer hoy martes, la organización internacional señaló que es preocupante que actores políticos y figuras con proyección pública adviertan que el nuevo Poder Judicial tendrá mayor intención de actuar de manera punitiva contra la prensa.
“En lo que va del año, Article 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos.
“En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra, esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio.
“Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, señaló.
En los últimos 10 años, resaltó, el número más alto de acciones judiciales había alcanzado 40 en 2021, cifra ya superada en tan solo siete meses de este año.
Revela que la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.
La organización dijo que es particularmente preocupante el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG) para silenciar, amedrentar y censurar no sólo a periodistas, sino incluso a ciudadanos.
De las 51 acciones judiciales iniciadas este año, detalló, 25 fueron por VPEG y tanto los órganos electorales como los tribunales fueron laxos al admitir los recursos de los actores políticos pese a su uso como mecanismo de censura.
