- Las comunidades indígenas y afromexicanas constituyen un “cuarto nivel de gobierno”, con presupuesto directo, ejercido bajo sus usos y costumbres, bajo el gobierno de 4T.
STAFF/ LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante siglos, los pueblos originarios han cargado con el peso del despojo, la marginación y la violencia. Han sido despojados de sus tierras, de sus lenguas y de sus formas de organización.
Han resistido discriminación estructural y exclusión política. En muchos casos, su defensa de la tierra y los recursos naturales les ha costado la vida.
Esa es la historia de fondo que explica por qué cada avance constitucional en materia de derechos indígenas se percibe como un acto de justicia largamente postergado y ganado con sangre.
Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, los pueblos originarios han comenzado a ser reconocidos en un nivel que trasciende lo simbólico. La presidenta ha declarado que las comunidades indígenas y afromexicanas constituyen un “cuarto nivel de gobierno”, con presupuesto directo, ejercido bajo sus usos y costumbres.
Esto marca un parteaguas en la forma en que el Estado mexicano se relaciona con quienes históricamente fueron tratados como sujetos menores de derecho.
UNA DEUDA HISTÓRICA
La lucha indígena en México no empezó con el actual gobierno. Desde la rebelión de 1994 en Chiapas, la agenda de reconocimiento ha estado presente. Pero los avances han sido lentos y fragmentados.
Los pueblos originarios han pagado con represión y muertes cada vez que han exigido autonomía y respeto a sus territorios. Casos como Acteal o la persecución de líderes comunitarios muestran que la resistencia indígena no sólo se ha expresado en marchas, sino en tumbas.
Por eso, que hoy se les reconozca como sujetos de derecho público con capacidad jurídica, capaces de decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural, no es un gesto político más: es un cambio de paradigma.
Significa que la Constitución empieza a saldar una deuda con quienes fueron invisibilizados desde la Colonia y que han sido el pilar cultural de la nación.
REFORMAS Y RESTITUCIÓN
El gobierno de Sheinbaum ha impulsado reformas para fortalecer la autonomía indígena en la Constitución. A la par, ha puesto en marcha un esquema de presupuesto directo de 13 mil millones de pesos para comunidades, además del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISPIAM), con más de 221 mil millones de pesos destinados a proyectos comunitarios.
El reconocimiento no se queda en lo económico. También se ha iniciado un proceso de restitución de tierras. En la Sierra Tarahumara, por ejemplo, se devolvieron más de 2 mil hectáreas a comunidades rarámuris, marcando un precedente en la reparación de agravios territoriales.
CULTURA Y MEMORIA VIVA
El reconocimiento constitucional también va de la mano con la reivindicación cultural. La presidencia ha señalado que los pueblos originarios son la base de la identidad nacional y ha declarado el 2025 como Año de la Mujer Indígena, un esfuerzo por visibilizar la historia y el papel de las mujeres en estas comunidades.
En el terreno simbólico, la memoria indígena se ha colocado en el centro de las ceremonias nacionales, desde la toma de protesta presidencial hasta la reapertura de salas dedicadas a culturas originarias en el Museo Nacional de Antropología.
Sin embargo, los retos persisten. El reconocimiento legal no borra de golpe las carencias de infraestructura, salud y educación en comunidades indígenas. Tampoco elimina la violencia que sufren defensores de la tierra frente a proyectos extractivos. El riesgo es que el reconocimiento constitucional quede como un acto simbólico si no se traduce en políticas públicas permanentes y en una auténtica participación indígena en la toma de decisiones.
Los pueblos originarios saben que cada derecho conquistado ha tenido un costo. Desde los enfrentamientos con hacendados en el siglo XIX, pasando por la persecución de líderes comunitarios en el siglo XX, hasta las masacres y asesinatos selectivos en el siglo XXI, la sangre indígena ha nutrido el camino hacia el reconocimiento.
Hoy, ese camino se refleja en reformas, presupuestos y decretos presidenciales. Pero la memoria de quienes murieron por defender sus tierras y su autonomía obliga a ver estos avances no como dádivas, sino como conquistas.
