Por KUKULKÁN
DURANTE décadas, las personas con discapacidad fueron invisibles para los gobiernos neoliberales —sí, esos que hablaban de progreso mientras confundían inclusión con beneficencia—. Las usaban para la foto en los eventos de “fundaciones altruistas”, esas que se hinchaban de donaciones deducibles de impuestos y de palmaditas en la espalda, pero jamás para sentarlas en la mesa donde se deciden las leyes que afectan sus vidas.
A NADIE parecía incomodar que los derechos de millones de mexicanas y mexicanos se redujeran a un “teletonazo” anual, Esas rampas mal construidas que conducían a ninguna parte y a espacios de estacionamientos públicos que muy pocos respetan. La justicia, como casi todo en la era del libre mercado, tenía precio, y los derechos humanos no eran precisamente un buen negocio.
POR ESO resulta casi poético —y también un poco irónico— que sea la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación la que hoy encabece la defensa de quienes durante años fueron tratados como ciudadanos de segunda. Esa misma Corte que en otros tiempos prefirió mirar hacia otro lado cuando los gobiernos usaban la palabra “inclusión” como adorno discursivo, ahora se dispone a escuchar.
Y NO ES metáfora: en la sesión de ayer el Pleno decidió suspender su discusión sobre la validez de leyes aprobadas sin consulta a personas con discapacidad y convocar a una audiencia pública para escuchar sus voces antes de emitir un fallo. Lo pidió la gente de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz. Y la ministra Lenia Batres, lejos del formalismo de toga y birrete, cumplió su palabra: llevó la solicitud al Pleno y logró que se aprobara.
UN GESTO que, en otros tiempos, habría parecido impensable. Porque hasta hace poco, el derecho a ser escuchado era un lujo reservado a empresarios, sindicatos o partidos políticos. Las personas con discapacidad no entraban en esa agenda; apenas si figuraban en las estadísticas del INEGI o en las campañas de “concientización” de algún gobierno con aspiraciones humanistas de cartón.
PERO algo cambió. En los últimos años, obligada por la presión de los afectados, la Corte ha ido tejiendo una jurisprudencia que le da cuerpo —y alma— a la palabra inclusión. Fue así como reconoció que una persona con discapacidad dependiente de sus hermanos puede ser derechohabiente del ISSSTE, rompiendo el molde familiar tradicional que tanto gusta a los burócratas. Fue también como se dio voz jurídica a quienes antes eran silenciados por la figura de la interdicción, esa forma elegante de decir “tú no puedes decidir por ti mismo”.
A PARTIR de ahí, la Corte ordenó al Metro de la Ciudad de México garantizar movilidad a personas con discapacidad visual, y tumbó artículos discriminatorios del Código Penal de Sinaloa que permitían interrumpir embarazos sin el consentimiento de mujeres con discapacidad. Incluso declaró inconstitucional el requisito de “certificados médicos de habilitación” para personas con autismo, esa joya del paternalismo que disfrazaba la exclusión de cuidado.
NO ES CASUALIDAD que todo esto ocurra mientras el país intenta, a trompicones, desprenderse de una visión caritativa y pasar a una verdaderamente constitucional de los derechos. Porque la caridad alivia la conciencia, pero no transforma la realidad.
EL DEBATE que ahora tiene la Corte entre manos es crucial: ¿deben invalidarse las leyes que se aprueban sin consultar a las personas con discapacidad? Hasta ahora, el criterio era sí. Pero hay ministros que coquetean con la idea de que esa consulta sea “a petición de parte”. Es decir: que los interesados primero se enteren, luego lo soliciten y después esperen a ver si el Congreso los escucha. O sea, que regresen al rincón del olvido con trámite y firma.
POR ESO esta audiencia pública no es un mero gesto de buena voluntad. Es una oportunidad histórica para que las personas con discapacidad —quienes durante años fueron tratadas como cifras, dependientes o “beneficiarios”— hablen de frente al poder judicial y al país.
LA CORTE, con esta decisión, parece entender al fin que la justicia no se decreta desde arriba: se construye desde la escucha. Y que la verdadera inclusión no cabe en una foto de fundación ni en un discurso de campaña.
PORQUE cuando los jueces abren los oídos, la historia se escribe en otro tono: el de quienes, tras décadas de silencio impuesto, han aprendido a hacerse escuchar.
