- Cuatro exfuncionarios de la PGR ligados a compra de equipos de espionaje, solicitaron a un Juez de elección popular dejar de conocer esta causa judicial por un posible conflicto de interés.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro exfuncionarios de la PGR, investigados por la compra de 250 millones de pesos en equipos de tecnología de espionaje para la “Operación Escudo”, solicitaron a un Juez de elección popular dejar de conocer esta causa judicial por un posible conflicto de interés, ya que era fiscal del área de la FGR que los acusa.
Los ex servidores públicos, en su momento colaboradores del Procurador Jesús Murillo Karam, pidieron la recusación de Erick Adrián García Gómez, quien el pasado 1 de septiembre asumió el cargo de Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
Durante los 17 años previos a su actual encargo, García Gómez fue agente del Ministerio Público de la PGR y la Fiscalía General de la República (FGR), la mayor parte en las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y de Asuntos Internos, esta última responsable de haber judicializado el caso contra los imputados.
El juzgador remitió la solicitud de los investigados a un Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de esta ciudad, para que determine si debe o no abstenerse de tramitar las audiencias y turnar el caso a otro impartidor de justicia.
“En esencia, señalan que existe impedimento para que el suscrito conozca del presente asunto y promueven recusación; por ello, la administración de este Centro de Justicia ordenó dar vista a este Juzgador con el fin de emitir el pronunciamiento correspondiente”, dice el acuerdo enviado por el Juez al tribunal.
Esta es una causa penal que se judicializó contra Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor; Vidal Díaz Leal Ochoa, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y Humberto Antimo Rivera, ex director General de Seguridad Institucional de la PGR.
También, contra el Contraalmirante César Gustavo Ramírez Torralba, ex director adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones del Cuerpo Técnico de Control, y José Luis Gutiérrez Ayala, así como Zacarías Conzuelo Reza, ex directores de área de la oficina del Procurador.
A excepción de Gómez Molano y Ramírez Torralba, todos los ex funcionarios solicitaron la recusación del juez de control.
Por este caso, también se giró orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy localizado en Israel.
A la fecha no se han llevado a cabo las audiencias inicial y de vinculación a proceso contra los demás investigados.
La FGR pretende imputar a los ex funcionarios los delitos de peculado, asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado.
Los supuestos ilícitos están relacionados con dos contratos de la PGR a la empresa israelí Holdings Limited, uno de ellos el 11 de noviembre de 2013 por 83 millones 333 mil 333 pesos, por el servicio de configuración y puesta en marcha de 4 plataformas de inteligencia móviles.
Y el segundo, del 28 de noviembre del mismo año, por el arrendamiento de 10 equipos interceptores de dispositivos móviles, un interceptor satelital Iridium y un software de control y administración, por 166 millones 666 mil 667 pesos.
La tecnología fue adquirida para la acción encubierta denominada “Operación Escudo”, al iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuyo propósito era detectar a funcionarios vinculados al crimen organizado en la Presidencia, las Secretarías de Gobernación y Hacienda y la propia PGR.
Los equipos de inteligencia se instalaron en la residencia de Explanada 1230, en las Lomas de Chapultepec, que había sido asegurada a Raúl Salinas de Gortari.
La Fiscalía afirma que los imputados no tenían la facultad para disponer de los recursos ni pagar dichos contratos, en una cuenta del United Mizrahi Bank Switzerland LTD, en Zurich, Suiza.
