- El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Tulum forma parte de la red nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres federal.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- El municipio de Tulum contará con un nuevo impulso en la operación de su Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), tras la firma del Convenio de Coordinación y Adhesión entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y el Gobierno de Quintana Roo, que permitirá canalizar más de 800 mil pesos en subsidios federales destinados a fortalecer su funcionamiento y equipamiento complementario.
El acuerdo, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, establece la asignación de 828 mil 59.54 pesos del presupuesto federal 2025, con el compromiso de que los recursos sean ejecutados antes del 31 de diciembre de 2025. El objetivo: reforzar las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, y garantizar el acceso efectivo a la justicia en una de las zonas con mayor diversidad cultural y crecimiento poblacional del estado.
El CJM de Tulum —ubicado en la región 003 del municipio— forma parte de la red nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres federal (antes CONAVIM), cuyo propósito es consolidar espacios seguros, especializados y gratuitos para víctimas de violencia de género. La medida se sustenta en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos.
De acuerdo con el convenio, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el proyecto de fortalecimiento, validado por el comité federal de evaluación tras comprobar su viabilidad técnica y administrativa. Los recursos permitirán dotar al centro de equipamiento esencial: mobiliario de oficina, vehículos para atención de emergencias, material médico, ludoteca infantil y áreas de recepción para atención de primer contacto.
Un proyecto clave en la red estatal
El CJM de Tulum es el cuarto en Quintana Roo, junto con los de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. Su construcción representó una inversión aproximada de 30 millones de pesos, dentro de un paquete estatal que supera los 90 millones destinados a infraestructura de atención integral a mujeres. En marzo de 2025 se reportaba un 63 % de avance, y para septiembre la gobernadora Mara Lezama anunció su conclusión y equipamiento total, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.
La importancia de este nuevo centro radica no solo en su infraestructura, sino en su alcance regional: atenderá a mujeres, niñas y adolescentes de Tulum, Cozumel, Puerto Morelos y Playa del Carmen, con una población potencial beneficiaria de 243 mil personas. En todo el estado, los cuatro centros proyectan atender a más de 900 mil mujeres.
El Centro de Justicia para las Mujeres de Tulum reúne en un solo espacio servicios de atención psicológica, médica, jurídica y social, con enfoque diferencial y especializado. Entre sus áreas se incluyen: atención de primer contacto y evaluación de riesgo; asesoría jurídica y representación legal a través del Ministerio Público especializado; atención psicológica individual y grupal; consultorio médico y estancia temporal para mujeres en situación de riesgo; ludoteca y acompañamiento para hijos e hijas de víctimas; talleres de empoderamiento y reintegración social.
Además, el diseño del CJM contempla un enfoque intercultural, pues cerca del 25 % de las más de 22,000 mujeres que habitan en Tulum son hablantes de lengua indígena. Ello obliga a integrar intérpretes y personal capacitado en derechos de pueblos originarios, para evitar la revictimización y garantizar un acceso pleno a la justicia.
Aunque el centro ya fue inaugurado y cuenta con subsidio federal adicional, enfrenta retos estructurales: consolidar su operación con personal especializado, garantizar atención las 24 horas y fortalecer la coordinación con los sectores de seguridad, salud y procuración de justicia.
Quintana Roo figura entre los estados con mayores índices de violencia contra mujeres: organismos locales estiman que 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de agresión. Este contexto refuerza la urgencia de contar con espacios eficaces y humanizados.
