POR KUKULKAN
EN TIERRA de la 4T, donde el pueblo es primero —siempre y cuando no critique demasiado—, la libertad de expresión está entrando en su peor etapa: la de la “regulación patriótica”. San Luis Potosí y Sonora, dos gobiernos comandados por el Partido Verde y Morena con banderas progresistas, protagonizan capítulos que huelen más a autoritarismo que a transformación.
VAMOS por partes. En San Luis Potosí, el Verde y Morena –su aliado en esta entidad por ser minoría– decidieron que el nuevo enemigo de la paz social no es la violencia ni la impunidad, sino la inteligencia artificial. ¿La solución? Penalizar la difusión de desinformación generada por IA, incluso si se trata de imágenes manipuladas, audios editados o contenidos satíricos. Todo muy vanguardista… para una dictadura digital.
EL DIPUTADO Héctor Serrano Cortés, del muy verde pero poco libertario PVEM, impulsó esta joyita legislativa aprobada con entusiasmo por la mayoría oficialista. En resumen: si haces un video irónico con IA, podrías ser tratado como delincuente. Y no, no estamos hablando de deep fakes que suplantan a funcionarios para robar cuentas bancarias; hablamos de expresiones que puedan generar “alarma social” o afectar la “confianza pública”. Tan ambiguo como conveniente.
LO GRAVE no es sólo la intención, sino el contexto. En una democracia, la ambigüedad legal es la herramienta favorita del autoritarismo. ¿Quién decide qué contenido es desinformación? ¿Quién define qué genera alarma? Fácil: el poder de turno. ¿Y a quién le puede caer la ley? A quien estorbe, incomode o cuestione… pero no se vayan todavía, que esto se pone mejor.
MIENTRAS en San Luis Potosí se alistan para encarcelar memes, en Sonora, el gobierno local intentó algo más clásico: exigir permiso para protestar. Sí, leyeron bien. La Ley de Movilidad aprobada por el Congreso sonorense —también dominado por Morena— incluía una perla jurídica que condicionaba las manifestaciones públicas a una autorización previa. Como si exigir justicia o denunciar corrupción necesitara sello y firma del gobierno al que se critica.
PERO afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación les paró el carro. En una sentencia clara, firme y, hay que decirlo, histórica, los ministros declararon inconstitucional esa disposición por constituir una forma de censura previa. Incluso, por primera vez, reconocieron el derecho a la protesta social pacífica como un derecho humano autónomo.
ASÍ, mientras en San Luis se avanza con leyes mordaza disfrazadas de modernidad, cuya validez será dilucidada por el máximo tribunal en siguientes sesiones, en Sonora se detiene —al menos por ahora— un intento descarado de institucionalizar el bozal. Unos buscan callarte con códigos penales, otros con permisos administrativos. Pero ambos, curiosamente, lo hacen desde los gobiernos de la “transformación democrática” y contra lo que profesa el gobierno federal.
¿Y LA IZQUIERDA? Bien, gracias. Hoy legisla a favor del orden y la armonía, aunque sea a costa de las libertades. Porque al parecer, cuando el poder cambia de manos, también cambia de principios. Lo más irónico es que la 4T se vendió como garante de derechos, promotora del disenso, enemiga de la represión. Pero en la práctica, al menos en algunos estados, su versión de “libertad” incluye advertencias, filtros, sanciones y autorizaciones. Como si la democracia fuera buena… pero en dosis pequeñas.
Y AÚN hay quien se sorprende de que la CNDH —esa misma que antes callaba— esté ahora promoviendo acciones de inconstitucionalidad para defender lo que la izquierda debería estar cuidando por convicción: el derecho a disentir. Sonora fue frenada. San Luis, todavía no. Pero el patrón es el mismo: gobiernos locales alineados con Morena que impulsan leyes para controlar el discurso público, limitar la protesta y disciplinar a la ciudadanía crítica. Todo, claro, por nuestro bien. Lo que no entienden es que el silencio social no es paz: es miedo. Y el miedo, tarde o temprano, se transforma. Pero no como ellos quisieran.
