Zósimo Camacho
Luego de 11 años y cuatro meses del mayor crimen ambiental en la historia de la minería en México, se anuncia que el perpetrador por fin acepta iniciar obras de mitigación. El consorcio de Germán Larrea Mota Velasco, Grupo México, accedió a destinar recursos para atender los daños que ocasionó a la salud de la población, a los cuerpos de agua y a los ecosistemas.
Con tono triunfalista, el pasado 23 de diciembre, en Sonora, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que “el Gobierno de México fue firme en la exigencia a Grupo México para el cumplimiento de una serie de condiciones para llegar a un buen acuerdo” (sic).
El Plan de Justicia para Cananea se presentaría también el 29 de diciembre en la Ciudad de México, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Hubo aplausos de quienes quisieron ver un sometimiento del poder empresarial al político. Lo cierto es que ocurrió lo contrario. El triunfo claramente es de Germán Larrea. Fue él quien salió airoso y sin ningún rasguño. Y es que, ¿era un asunto de “convencer” al capitalista de que se hiciera cargo de los destrozos que causó? ¿O simplemente lo que debía hacer el gobierno de México era aplicar la ley sin distingos?
Con una fortuna calculada por Forbes en 46 mil millones de dólares (casi un billón de pesos), el potentado destinará alrededor de 1 mil 559 millones de pesos a la creación de un fondo que completará el gobierno federal con 483 millones 600 mil y el de Sonora con 180 millones de pesos. Los recursos ni siquiera se aplicarán en su totalidad en la remediación de los daños causados por el crimen ambiental.
La bolsa de 2 mil 222.6 millones de pesos tendrá como destino cubrir el pago de derechos de los trabajadores de la mina de Cananea –otro conflicto, éste de carácter laboral, que puso al borde de la inanición a las familias proletarias– y, en materia de justicia para las comunidades afectadas por el derrame tóxico, la construcción de un hospital regional en Ures y de 16 plantas potabilizadoras de agua. Además, el compromiso de aplicar medidas “para eliminar o reducir los contaminantes a un nivel seguro para la salud y el medio ambiente” en los suelos de los polígonos afectados.
Vaya ganga para el segundo hombre más rico de México y de América Latina: “paga” dos conflictos, luego de lustros de negarse sistemáticamente, por una cantidad que significa menos de la décima parte de sus utilidades reportadas en 2025 (y sólo al tercer trimestre). En efecto, sus ganancias de enero a octubre pasados fueron de 1 mil 250 millones de dólares, unos 25 mil millones de pesos. Los 1 mil 559 millones de moneda nacional que prometió como remediación significan el 6 por ciento de esa cantidad. Y eludió, además, las consecuencias penales.
Estamos hablando del mayor crimen ambiental de la historia del país: el derrame de más de 40 mil metros cúbicos (10 veces lo que pudiera contener el Estadio Azteca) de desechos tóxicos: sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, manganeso, plomo, arsénico y vanadio, que envenenaron la cuenca del Río Sonora, enfermaron a las familias de las comunidades y mataron árboles, animales de corral y fauna silvestre.
El gobierno federal pasado interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero. Hoy este documento jurídico parece gritar desde los estantes en que se encuentra archivado. Zona Cero cuenta con una copia. Es contundente, cargado de pruebas técnicas.
En efecto, la denuncia penal interpuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del anterior sexenio, el 11 de agosto de 2023, resulta más que una acusación. Es la radiografía legal de un crimen ambiental permanente y del monumental fracaso institucional que le siguió. Constituye el intento más serio por rescatar, desde el ámbito penal, una verdad que se intentó sepultar con el robo de 72 cajas de archivo con la complicidad de escritorios oficiales.
La demanda es explícita y demoledora. Acusa a las empresas Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV –todas de Grupo México–, de cometer un delito “de naturaleza continua o permanente” tipificado en el artículo 414 del Código Penal Federal. En sus argumentos destaca que el delito que se consumó el 6 de agosto de 2014 se sigue actualizando cada día que la contaminación persiste en los ecosistemas.
Fundamenta esta permanencia con una revelación técnica estremecedora: un oficio interno de mayo de 2023 (SRA/DGGIMAR.618/003448) admite que no existe certeza del cumplimiento puntual de los programas de remediación, que los muestreos de sedimentos quedaron pendientes y que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo se pronunció sobre la calidad del agua y no sobre los sedimentos tóxicos.
El único estudio sobre sedimentos, realizado en 2014, no provino de un laboratorio acreditado. En otras palabras, la “remediación” realizada por Grupo México durante el sexenio de Peña Nieto fue un fraude. Y contó con la complicidad de funcionarios de la propia Semarnat y de la Conagua de ese mismo sexenio y aún de algunos que permanecieron en los primeros años del de Andrés Manuel López Obrador.
Este documento judicial echa por tierra la narrativa oficial peñista. Desmenuza cómo el último gobierno priísta –a través de actos específicos de la Profepa y la Subsecretaría de Planeación– había dado por cumplidas las medidas correctivas, concluyó los programas de remediación y, con descaro, determinó que los fines del fideicomiso irrevocable Río Sonora habían sido cumplidos. Esa determinación, como señala la denuncia, fue el acto que permitió la extinción del fideicomiso y la devolución de los recursos remanentes al propio Grupo México en febrero de 2017, un convenio firmado, entre otros, por el entonces subsecretario Rodolfo Lacy Tamayo.
Aquí es donde la denuncia teje el vínculo perfecto con el saqueo documental que relatamos. El oficio 112.- 3433, anexo a la denuncia, fechado el 5 de octubre de 2023, muestra a la propia Semarnat solicitando desesperadamente a la Conagua copias certificadas del expediente administrativo del siniestro para integrar la carpeta de investigación FED/SON/HSO/1796/2023.
Es la prueba fehaciente de que el Estado carece de su propio archivo y debe rogar por fragmentos de información para poder sustentar su caso penal. La desaparición de las 72 cajas al final de sexenio de Peña no fue un descuido; fue la premeditada destrucción del expediente maestro que hoy la Fiscalía necesita para perseguir el delito. Hay constancia, además, de que los documentos fueron entregados irregularmente al propio Grupo México.
La denuncia va más allá. No se limita a las empresas. Señala que los servidores públicos encargados del fideicomiso incumplieron su deber de custodiar y vigilar sus fines, propiciando el daño, y que su omisión pudo constituir actos de corrupción. Incluso solicita que se analice la imputación por el delito de asociación delictiva (artículo 164 bis del Código Penal Federal), aunque sea transitoria, entre exfuncionarios y las empresas.
Por ello, esta denuncia penal no puede quedar archivada. Documenta la compra de servidores públicos por parte de Grupo México, entre ellos Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, panista que se desempeñó como responsable de la Subdirección General Técnica de la Conagua y luego apareció como director de Asuntos Ambientales en México de la División Minera del consorcio. También, el pago de dictámenes a la carta, incluido uno hecho por el Instituto de Ecología de la UNAM.
La justicia para el Río Sonora quedará muy lejos si no se realiza la investigación penal. Si el “segundo piso” de la “4T” da carpetazo, se estará doblegando ante los que envenenaron el río, mataron el ecosistema, enfermaron a la población, se llevaron las pruebas, compraron funcionarios, pagaron “estudios” científicos para exculparse y, como corolario, ahora acuerdan el pago de unas migajas para la “remediación”… Nos podemos imaginar la sonrisa del barón.
Fragmentos
Solidaridad con el pueblo de Venezuela ante el asalto perpetrado por el régimen de Donald Trump. Indigna la aceptación tácita mundial de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que, como en su momento la Alemania de Hitler, justifica expansionismo, intervencionismo y robo de recursos en nombre de su “espacio vital”. Honor a los 32 cubanos que cumplieron su deber hasta el final –no traicionaron– y cayeron a manos de los esbirros del nuevo remedo de dictador mundial.
