Zósimo Camacho
La detención de Arturo Lugo Macías, Sheveck, el pasado 8 de enero, revela un patrón de violencia institucional para silenciar la protesta y las actividades políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El activista, víctima de una agresión paramilitar en 2020 al interior de la Facultad de Estudios Superiores (FES)-Acatlán, casi seis años después es revictimizado con la imputación de los hechos en los que él mismo resultó con quemaduras de tercer grado.
La madrugada del 5 de abril de 2020 se ejecutó una operación planificada de terror. Mientras la pandemia de Covid-19 empezaba a paralizar al país, en las instalaciones de la FES-Acatlán de la UNAM, un grupo de alrededor de 10 hombres, con vestimenta táctica, pasamontañas, chalecos antibalas, tubos, palos, gasolina, un pico y armas de fuego, ejecutó una embestida brutal contra estudiantes que ocupaban pacíficamente dos espacios.
Los objetivos eran claros: reprimir, castigar, desmovilizar, desorganizar. Primero irrumpieron en el Kubo 906, un espacio anarquista, donde golpearon salvajemente al estudiante Adán Fernández Sánchez, hasta fracturarle la mandíbula, y agredieron sexualmente a una compañera. Luego se dirigieron al edificio 6, ocupado por el colectivo feminista Argüenderas y Revoltosas, que exigía protocolos contra la violencia de género.
Rociaron gasolina y prendieron fuego a la puerta. Arturo Lugo Macías, en solidaridad con las activistas, desde dentro intentó apagar las llamas y él mismo fue rociado con el combustible, lo que le ocasionó quemaduras de tercer grado. Los atacantes irrumpieron, golpearon a los presentes y agredieron sexualmente a varias mujeres. Mientras se ensañaban con las estudiantes, gritaban: “… Por eso las violan y las matan, por vergueras”.
También les espetaban: “Esto es un mensaje de Erasmo”. No se pudo establecer si aludían a Erasmo González Castro, entonces jefe de vigilancia del plantel. Pero el funcionario tuvo una trayectoria de violencia que incluyó el intento de estrangulamiento de un estudiante en 2019. Antes de irse –sin que nadie llegara a detenerlo–, el grupo paramilitar realizó disparos al aire.
La reconstrucción de estos hechos está documentada por los propios estudiantes, incluso con fotografías; pero también se pueden leer los detalles en la denuncia interpuesta el mismo 5 de abril de 2020 por el propio Arturo y otros compañeros ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
En la carpeta de investigación TLA/FNC/NAU/060/092385/20/04 se asienta que fue una denuncia anónima la que alertó a la FGJEM “… que en el interior de la Cruz Roja de Naucalpan se encontraban dos sujetos del sexo masculino, quienes fueron quemados en el interior de la FES Acatlán” (sic). Se trataba de Arturo y de Adán.
La respuesta institucional observada entonces completa el cuadro de una perversa justicia al revés: mientras las ambulancias y bomberos tardaron horas en llegar (sólo lo hicieron tras un incendio posterior en el edificio de gobierno de la Facultad), la persecución se centró en criminalizar a las víctimas.
Casi seis años después, este 8 de enero por la mañana, Arturo Lugo Macías fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR). Se le acusa de “daños a la propiedad y agravante de pandilla”. La UNAM, en lugar de investigar las torturas, las agresiones sexuales y los supuestos vínculos de su personal de seguridad con el ataque paramilitar, optó por manipular los hechos en los medios, reduciendo una noche de horror a un aislado acto de “vandalismo” y un simple “daño al patrimonio”. La institución que se jacta de ser la máxima casa de estudios del país prefirió proteger su imagen antes que la vida e integridad de sus estudiantes.
La audiencia inicial contra Arturo se celebró en dos partes, los días 9 y 13 de enero pasados, y se le vinculó a proceso. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 1, “El Altiplano”, una cárcel de máxima seguridad. El Cuerpo Jurídico de la FES-Acatlán de la UNAM, encabezado por Mario Eduardo Escalante García, como parte acusadora, pidió la detención preventiva oficiosa. Lo anterior, por considerar que el joven es miembro de “un grupo que toma salones” y por ser “un peligro para la Universidad”.
Lo cierto es que, a seis años de esos hechos, Arturo no tiene ya relación alguna con la UNAM. Antes de ser detenido en Guadalajara, Jalisco –ciudad en la que estaba de paso– colaboraba en la editorial anarquista Marea Negra, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México.
La próxima audiencia, intermedia, se fijó para el 13 de abril. Al menos 3 meses deberá pasar Arturo bajo el rigor que pasan los acusados de delitos tan graves como narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, entre otros. Pareciera que el castigo busca ser ejemplar, de advertencia, contra quienes se organicen y protesten en la FES-Acatlán y la UNAM en su conjunto.
El caso de Arturo es un síntoma de una enfermedad profunda: la criminalización de la protesta y la organización estudiantil desde hace décadas. Asesinatos como los de los estudiantes Pavel González González (2004) y Carlos Sinhué Cuevas Mejía (2011), a manos de paramilitares de extrema derecha, dan cuenta de operativos de contrainsurgencia al interior de instalaciones de la UNAM. Y nunca ha sido claro el deslinde de las autoridades, quienes tampoco han brindado acompañamiento a las familias de las víctimas ni han apoyado las investigaciones.
En el caso de la FES-Acatlán, en 2020 las alumnas se movilizaban ante los casos de misoginia que se presentaban (y se presentan) en la institución. A las demandas legítimas de seguridad y justicia de género, la respuesta fue la cerrazón, palos, gasolina y balas. Y luego… procesos judiciales amañados.
La detención de Arturo es la continuación de aquella madrugada violenta. Es el intento de institucionalizar el castigo a quien se solidarizó y resistió. Exigir su libertad inmediata es, también, exigir que se investigue y castigue a los verdaderos responsables intelectuales y materiales de la tortura y las agresiones sexuales ocurridas aquel 5 de abril. Es evitar que la FES-Acatlán, y la UNAM en su conjunto, se convierta en un lugar donde operen con impunidad escuadrones de la muerte para silenciar la protesta.
Las expresiones de inconformidad y disidencia continuarán en la Universidad porque su gobernabilidad se agotó. Las autoridades perdieron su legitimidad desde hace años y los grupos políticos que la controlan están rebasados. No será con violencia institucional, abierta o encubierta, como se alcance la tranquilidad en la UNAM, sino con la reforma que demandaron los grandes movimientos estudiantiles de 1986-1987 y 1999-2000.
Fragmentos
El nuevo reparto del mundo genera tensiones, incluso, entre los imperios aliados desde el fin de la Segunda Guerra: Estados Unidos y Europa Occidental. En la rapiña, el gobierno de Trump exige, pistola en mano, que Dinamarca le entregue Groenlandia (Kalaallit Nunaat, en lengua kalaallisut). Un abusador le quiere quitar a otro lo que no pertenece a ninguno de los dos. Libertad para los pueblos Inuit, que resisten la ocupación y colonización de los señores del dinero.
