- El Gobierno nombrará 32 representantes estatales para controlar las becas estudiantiles de la 4T, ante su crecimiento.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las becas de la 4T a estudiantes han crecido a tal grado, que el Gobierno se dispone a nombrar a 32 “representantes estatales” para tener mayor control sobre los programas que las contemplan.
Estos representantes se sumarán a otros que ya operan para el Gobierno en todas las entidades, como los delegados de los Programas del Bienestar, que en teoría también vigilan el reparto de becas, y los coordinadores estatales del IMSS-Bienestar.
La Presidenta Claudia Sheinbaum alista un decreto para transformar la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, creada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, que ahora se llamará Becas Bienestar Coordinación Nacional, y seguirá siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Para el debido cumplimiento de los objetivos, a cargo de Becas Bienestar, contará con Oficinas de Representación Estatal en cada una de las entidades federativas”, dice el decreto, que deja estos nombramientos al titular de la SEP, Mario Delgado.
Con menos ruido que otros programas sociales de reparto, como las pensiones, la Coordinación de Becas ha tenido un crecimiento exponencial durante la 4T.
En 2020 controló el 21.4 por ciento del presupuesto total de la SEP, pero para 2026, tiene asignados casi 186 mil millones de pesos, que equivalen al 35.5 por ciento.
Hace seis años, la Coordinación recibió 70 mil millones de pesos, casi los mismos recursos que los 19 órganos apoyados por la SEP, entre ellos la UNAM, Universidad Autónomoa Metropolitana (UAM), Colmex, Conalep, Colegio de Bachilleres e Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
Este año, el dinero para becas es 106 por ciento más que lo asignado a dichos órganos.
Esto deriva del incremento constante de beneficiarios de las becas, que pasaron de 7.7 millones en 2019, a 11.3 millones en 2024, un aumento de 47 por ciento. Y la idea es llegar a 13.7 millones en 2026.
Los beneficiarios no tienen ninguna obligación de rendimiento académico o asistencia a clases, y solo tienen que comprobar que asisten a una escuela “prioritaria” o “suceptible de atención”, para lo cual se da preferencia a zonas marginadas o comunidades indígenas.
El costo de funcionamiento de la Coordinación también ha crecido. En 2026 ejercerá mil 317 millones de pesos entre servicios personales y gasto de operación, con 600 plazas laborales.
Hace seis años, esta oficina solo tuvo 498 millones de pesos para su operación, 37.8 por ciento de lo asignado para el año en curso, pese a que contaba con 692 empleados.
El decreto para reformar la Coordinación aclara que tendrá que usar el presupuesto ya asignado para pagarle a los nuevos delegados, así como al personal y recursos materiales que sean necesarios para sus labores.
