- Consideran necesario contar con profesionales de la salud capaces de intervenir apropiadamente entre grupos donde estos temas todavía son tabú.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Por más indignante y controversial que resulte, el caso de la menor de apenas 13 años que a inicios de año dio a luz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, está lejos de ser un hecho insólito en México.
Tan sólo en el año 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa), en el País se registraron 92 mil 660 nacimientos por parte de adolescentes de 15 a 17 años, y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14. Esto quiere decir que, por día, 21 menores de 15 años se convirtieron en madres.
“(El caso de San Cristóbal de las Casas) se ha vuelto mediático porque es una niña que ha sufrido o ha tenido una complicación importante, porque obviamente un cuerpo como el suyo no está preparado para gestar, mucho menos para la parte emocional. Entonces, genera impacto social. ¿Pero te digo una cosa? Esto no es un caso aislado”, señala en entrevista telefónica Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativa de Telefem.
Como organización dedicada a brindar acompañamiento para la interrupción legal del embarazo (ILE), en Telefem han conocido de primera mano problemáticas tan graves como la trata de personas, la coerción reproductiva, las profundas brechas de acceso a la salud y, por supuesto, casos de niñas que han sido víctimas de violación.
“Y te puedo decir con mucha certeza y mucha convicción que no es la adolescente y la niña la que aborta; no está ahí el grueso de la población que aborta, que es más bien el grupo de los 25 a 35 años”, apunta Rivera Núñez. “En México tenemos el primer lugar en embarazo de adolescentes. Entonces, no pueden ser ellas las que más aborten”.
Ante escenarios tan complicados como aquellos donde la propia vida de las menores gestantes está en riesgo, la ILE representa una alternativa óptima; “pero, evidentemente, lo que nosotros debemos de buscar es la prevención y la erradicación de este tipo de situaciones. Ahí tenemos que apuntar”, remarca Rivera Núñez, quien es licenciada en Obstetricia y Puericultura, además de matrona clínica con dos décadas de experiencia.
Sin embargo, al darse la mayoría de los casos en contextos de vulnerabilidad dentro de localidades indígenas, la especialista de origen chileno cuestiona: “¿Cómo dar a entender lo peligroso que es para un cuerpo pequeño el embarazo, que lo convierte en embarazo de alto riesgo, si no entramos a las comunidades donde más ocurre de la manera correcta?”.
“Si yo tengo un montón de información que no está adecuada a los pueblos y lenguas originarias, y que no está situada culturalmente, no se transmiten los mensajes sobre la violencia sexual, no se comprenden los riesgos del embarazo temprano, y el sistema de salud se va a percibir como algo distante, como algo poco confiable”, advierte Rivera Núñez.
Aunado a ello, la especialista considera necesario contar con profesionales de la salud capaces de intervenir apropiadamente entre grupos donde los temas relacionados con el cuerpo, la reproducción y la sexualidad todavía son tabú, al mismo tiempo que persisten las uniones tempranas por usos y costumbres, y la maternidad adolescente no se ve como un evento de riesgo, sino como un hecho social.
“Tenemos que prevenir, pero creando puentes culturales, no imponiendo conceptos externos () No podemos plantearlo solamente desde una lógica institucional, requiere que nosotros comprendamos cómo se entiende la sexualidad, cómo se entiende la familia, cómo se entiende el cuerpo dentro de su propio marco cultural.
“Si nosotros no tomamos en cuenta ese contexto, cualquier intervención que queramos hacer va a ser rechazada o no va a funcionar”, previene Rivera Núñez, con un exhorto a trabajar de la mano de las parteras tradicionales, cuya labor recién ha sido respaldada a través de la NOM-020-SSA-2025, que entró en vigor en septiembre del año pasado.
Finalmente, para la matrona es claro que el desafío de erradicar los embarazos en menores de edad no va a resolverse sólo con educación sexual integral, accesible y laica, sino previniendo el abuso infantil, denunciando y no siendo cómplices de tal situación.
“Significa que tiene que existir atención jurídica, psicosocial, incluso con investigaciones penales activas; eso es lo que requiere el caso de esta chica (de San Cristóbal de las Casas), por ejemplo”, subraya.
SIN VOLUNTAD POLÍTICA, PERSISTEN INEQUIDAD Y RIESGOS
Tras darse a conocer la aprobación de la ILE en un estado más del País, Telefem ofreció donarle 100 servicios, según relata su gerente operativa sin revelar la entidad en cuestión.
“Y no lo quisieron; esa fue la oferta, y al final de cuentas la persona encargada nos bloqueó, nos dejó de contestar el teléfono”, lamenta Rivera Núñez.
“Lo encuentro tremendo. No estamos hablando del servicio de que te voy a mandar medicamentos solamente, es: Te voy a ayudar con el medicamento, te voy a dar la asistencia de los profesionales que son especialistas, más toda la asistencia de la parte emocional o de salud mental que va asociada a este evento. Y no quisiste nada de eso”.
De forma que, sin voluntad política, los esfuerzos del País en esta materia continúan siendo insuficientes, a decir de la especialista chilena.
Y el mayor ejemplo de esto es que, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció en septiembre de 2021 que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, determinando que no se puede castigar con cárcel a mujeres ni personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo, todavía hay entidades donde no se ha legislado para hacer de esto una realidad.
“Que aún tengamos desde el 2021 al día de hoy estados que no lo hayan hecho, pues eso significa que generamos mayores brechas y que hay inequidad dentro del territorio nacional, porque algunas gestantes sí pueden enfrentar sanciones penales y otras mujeres no”, condena Rivera Núñez.
En el año 2024, se registraron 71 mil 989 atenciones de aborto en las instituciones públicas del País, y más del 80 por ciento de ellas fueron en la Ciudad de México, según datos del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de la Ssa.
El análisis de inequidades en acceso y calidad de la ILE revela que, en consecuencia, los estados más marginados tienen peores indicadores de mortalidad materna por aborto y menor oferta institucional; “detrás de cada aborto que se registra hospitalariamente, tú tienes tres o cuatro que se hacen de manera clandestina en condiciones inseguras. Y, entonces, hay un subregistro de las muertes por esta razón”, alerta Rivera Núñez.
“Cuando Telefem tiene en su estadística más de 12 mil atenciones en 2025, significa que afuera hay una demanda por este tipo de servicio, y que en términos institucionales o de Gobierno, desafortunadamente, no estamos dando abasto.
“Esto orilla a las mujeres a tomar decisiones que no son informadas o a tomar acciones que ponen en riesgo la vida”, insiste la especialista.
El uso del “Estándar de Oro”, método con mifepristona y misoprostol avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y el cual tiene una eficacia del 98 por ciento y mínima tasa de complicaciones, es una opción segura para las personas que desean llevar a cabo la ILE.
Desde el sitio en línea telefem.org se puede obtener información y acompañamiento en la materia por parte de profesionales.
“Nuestra intención no es un llamado al aborto, es simplemente un: Estamos aquí por si tú has tomado esta decisión y quieres llevarla a cabo. Nosotros te acompañamos de manera segura y empática”, expresa Rivera Núñez.
