- Propina SCJN revés jurídico a Ejecutivo de Nuevo León en conflicto por la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.– La guerra institucional que desde hace más de dos años mantiene paralizado a Nuevo León sumó este lunes un nuevo capítulo, uno que inclina la balanza en contra del gobernador Samuel García.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera mixta las controversias constitucionales 58/2024 y 67/2024, relacionadas con las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado, y con ello confirmó un revés jurídico clave para el Ejecutivo en su intento por frenar la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
El conflicto no es técnico ni menor. Se trata de una disputa abierta por el control del poder punitivo y de los mecanismos de investigación financiera en una entidad donde el choque entre el gobernador emecista y el Congreso local —dominado por PRI, PAN y Morena— se ha convertido en una constante.
Desde 2022, Nuevo León vive una confrontación que ha desdibujado la cooperación entre poderes y trasladado la política estatal a los tribunales constitucionales.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por diputados locales afines al gobernador luego de que la mayoría del Congreso aprobara reformas para fortalecer la autonomía de la Fiscalía General y crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, separada de la órbita directa del Ejecutivo estatal.
Para Samuel García, esas reformas implicaban una invasión de facultades y un intento del Legislativo por arrebatarle herramientas clave de control político. Para la oposición, eran un contrapeso necesario frente a un gobernador que ha concentrado decisiones y bloqueado sistemáticamente acuerdos a través de su derecho de veto que ha ejercicio en al.menos 180 ocasiones.
Al analizar el fondo del asunto, la Corte validó buena parte del diseño legislativo impulsado por el Congreso, particularmente en lo relativo a la facultad del Poder Legislativo para redefinir la estructura interna de la Fiscalía y crear áreas especializadas con autonomía técnica. Con ello, el máximo tribunal dejó claro que el Ejecutivo no puede impedir, por la vía del veto político o la omisión administrativa, la entrada en vigor de reformas legales aprobadas conforme al procedimiento constitucional.
Si bien la resolución no fue una victoria absoluta para ninguna de las partes —de ahí su carácter mixto—, el golpe político fue evidente: la narrativa del gobernador, basada en la supuesta invasión de atribuciones, no logró sostenerse plenamente ante el Pleno.
En los hechos, la Corte acotó el margen de maniobra de Samuel García y fortaleció la posición del Congreso, que ha insistido en que la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera es una respuesta institucional al clima de desconfianza y a la necesidad de investigar delitos de alto impacto económico.
Este fallo se inscribe en una larga lista de derrotas jurídicas que el Ejecutivo estatal ha acumulado en su confrontación con el Legislativo. Vetos desechados, decretos obligados a publicarse y controversias perdidas han ido configurando un patrón: el gobernador ha apostado por judicializar la política, pero los resultados no le han sido favorables.
Para las bancadas del PRI, PAN y Morena, la resolución representa algo más que un triunfo legal. Es una reivindicación de su estrategia de cerrar filas frente al Ejecutivo y utilizar los instrumentos constitucionales para frenar lo que consideran una deriva personalista del gobierno estatal.
La alianza opositora, aunque heterogénea en lo ideológico, ha encontrado en su enfrentamiento con Samuel García un punto de cohesión política.
En contraste, el gobernador queda políticamente expuesto. La narrativa de víctima de un “congreso obstruccionista” pierde fuerza cuando es la Suprema Corte la que valida, aunque sea parcialmente, las decisiones legislativas.
La creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera avanza, y con ella la posibilidad de investigaciones que escapen al control directo del Ejecutivo. Nuevo León sigue atrapado en una guerra institucional sin señales claras de distensión.
