- Tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tope de rentas, sector inmobiliario y Congreso de la Ciudad de México centran debate en la Ley de Rentas Justas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Corte declaró la constitucionalidad del tope que se impuso a las rentas en la Capital desde 2024, tanto el sector inmobiliario como el Congreso de la Capital pusieron ahora la mirada en la denominada Ley de Rentas Justas y Asequibles, aunque con enfoques discrepantes.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) consideró que la propuesta, que fue planteada por la Jefa de Gobierno, la morenista Clara Brugada, a mediados del año pasado, resulta innecesaria tras el fallo del miércoles.
Bosco Quinzaños, presidente de la ADI, consideró razonable el fallo de la Corte, debido a que, aseguró, busca fortalecer los intentos de las autoridades para contener fenómenos como la gentrificación, mientras que la iniciativa de ley pretende controlar los precios de alquiler.
Recordó que existen experiencias en otras ciudades, como en Barcelona, donde se implementaron medidas de este tipo sin el acompañamiento de políticas que aumenten la oferta de vivienda.
Iniciativas así, pormenorizó, podrían desincentivar la inversión en la construcción de la vivienda, aumentar los litigios administrativos y detonar la conversión de inmuebles a espacios de de renta temporal.
“Este tipo de medidas pueden deteriorar la calidad del parque habitacional, pueden reducir los incentivos para el mantenimiento correcto de los inmuebles y no resuelven de fondo el problema del déficit estructural de la vivienda en las ciudades, caso concreto en la Ciudad de México”, dijo Bosco en entrevista.
Remarcó que la única medida que provocará que haya mejores precios y más asequibles, es la producción de más viviendas, en donde la CDMX presenta un rezago grande.
Detalló que la Capital necesita 70 mil viviendas por año, sin embargo, se producen cerca de 3 mil.
“Definitivamente los controles de precios son contrarios al propósito de generar oferta de vivienda.
“La verdadera solución para controlar o para abatir el crecimiento de precios en la vivienda, pues, es generar mayor oferta de vivienda”, remarcó.
EN DONCELES, QUEDAN EN ESPERA
En tanto, en Donceles están en espera de la ley que fue anunciada por la Administración local, que también prometió el Plan Maestro del Bando Uno, con el que se buscaría estabilizar los costos de los arrendamientos en zonas identificadas como propensas a lo que se denominó tensión inmobiliaria.
Sin embargo, ambas medidas aún son un pendiente.
El vocero de la bancada morenista, Paulo García, apuntó que la regulación a las rentas deberá mejorar mecanismos para que medidas como el tope al incremento en el precio del alquiler sea aplicado.
“Hay otras cosas que hace falta clarificar para que puedan ser efectiva. De nada sirve que pongamos cosas en la ley que no se hagan valer en la práctica”, apuntó.
Se prevé que la regulación, de la cual aún no se conoce un borrador, establezca también la figura de una Defensoría Pública Inquilinaria.
“Hoy el mecanismo es juicio civil, sabemos que es un proceso complicado que muy difícilmente la ciudadanía podría acceder a ello, por eso la ley de rentas que está por llegar incluye la creación de una figura que, desde mi juicio, es virtuosa, que es la defensoría de los derechos inquilinarios”, dijo.
Con la ratificación de la Corte, las rentas en la Capital no deberán subir por encima de la inflación del año anterior, la cual en 2025 fue de 3.69 por ciento, motivo por el que un alquiler de 10 mil pesos únicamente puede incrementar 369 pesos.
Especialistas coincidieron que el tope en las rentas se aplica desde 2024 en la Capital y en la mayoría de los contratos de arrendamiento se toma en cuenta el índice de inflación.
Santiago Morales, CEO de MoradaUno, comentó que el límite al precio del alquiler ayuda, pero atiende una parte menor del problema de disposición de casas que existe en la Ciudad.
Recordó que el precio de la renta puede ser ajustado por el arrendador al alza, cuando reciba a un nuevo inquilino.
“Entonces, a pesar de que tengas este tope de la inflación, pues siempre que sale el inquilino y entra un nuevo inquilino, se va a regular a lo que esté viviendo el mercado, el mercado no lo vas a regular poniéndole un tope.
“El problema principal es la falta de vivienda, al momento que tienes un desbalance entre oferta y demanda, lo notas”, señaló Morales.
Rosalba González, investigadora en materia de vivienda, resaltó la necesidad de mecanismos que garanticen que se cumplan las medidas establecidas en la materia.
“No hay un mecanismo que dé seguimiento y certeza del cumplimiento de esa nueva estructura en la reforma del Código Civil o lo que también se establece en la ley de vivienda de la Ciudad de México: tenemos leyes que nos dicen una cosa, sin embargo, no tenemos instrumentos para hacerlas válidas y ahí está el problema”, apuntó.
Resaltó que la reforma actual termina orillando a un inquilino a tener que ser el que vigila que su arrendador cumpla con lo establecido por la ley.
“No lo va a hacer el propietario o, si lo hace el propietario, lo va a hacer a costa del inquilino. No tenemos los instrumentos para hacerlo eficiente y eso es un gran problema. Esas medidas a lo que llevan es a hacer poco eficiente poder operarla”, comentó.
Jenny Rivas, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), expresó que el tope a las rentas con el criterio de la inflación ya se viene aplicando años atrás en otras entidades del País, como el caso de Tamaulipas.
En tanto, Pablo Gadsden, co-funder y Chief Growth Officer de Spot2, destacó que en la CDMX, la construcción de nuevos espacios como edificios se encuentra pausada.
EL SELLO BATRES
En la legislación que impuso el tope al alza tres hermanos de la familia Batres estuvieron involucrados.
La propuesta fue enviada al Congreso de la Ciudad de México por Martí Batres el 30 de julio de 2024. Apenas tres semanas más tarde, fue avalada por el pleno de Donceles, con 57 votos a favor, entre ellos, el de su hermana.
Ahí, su hermana menor, la diputada local por Morena Valentina Batres, quien presidía la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, votó a favor de la reforma para su aprobación.
En tanto, el miércoles, la Ministra Lenia Batres votó desde la Suprema Corte de Justicia para declararla constitucional.
La reforma al Artículo 2448 D del Código Civil local estableció un límite legal a los incrementos de renta al disponer que estos no podrían ser mayores a la inflación anual reportada por el Banco de México respecto del monto mensual pactado.
El ex Jefe de Gobierno, Martí Batres, la propuso a mediados de 2024, y sólo tres semanas más tarde fue aprobada por el pleno del Congreso.
La empresa de arrendamientos inmobiliarios Urbanhub México había promovido un juicio de amparo contra la constitucionalidad de las reformas, un recurso que esta semana llegó a la Corte.
Ocho ministros y ministras, entre ellos Lenia Batres, se decantaron por declarar la constitucionalidad del tope a los incrementos en las rentas, al coincidir con el proyecto de resolución presentado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
La Ministra Batres urgió por la aprobación del proyecto.
“Se está garantizando que se obtenga una ganancia justa de la renta del arrendamiento inmobiliaria, pero al mismo tiempo se está protegiendo a quienes tienen que vivir en viviendas alquiladas porque no tienen la propiedad de la vivienda”, dijo.
Ayer, en el Congreso, Valentina Batres, aplaudió el aval.
“Es una decisión muy atinada para lo que vive la Ciudad de México, porque se reafirma una medida en contra de la gentrificación, invita a los particulares a ser responsables con nuestra Ciudad como un lugar en el que tenemos derecho todos y todas a vivir”, dijo.
