- La CNDH expresó en una recomendación que parte de esos indicios no fue debidamente procesada ni asegurada por las autoridades encargadas de la investigación.
STAFF / AR
GUADALAJARA, JAL.- Al emitir una recomendación por las omisiones en la investigación del Rancho Izaguirre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que en lugar fueron localizados restos óseos.
Externó, no obstante, que parte de esos indicios no fue debidamente procesada ni asegurada por las autoridades encargadas de la investigación.
En el inmueble se identificó inicialmente un elemento óseo tras la intervención de la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024.
Posteriormente, durante una búsqueda ordenada el 3 de octubre del mismo año, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizó un lote óseo, además de diversos objetos relacionados con la investigación.
De acuerdo con la Recomendación 11/202, varios de esos hallazgos no fueron asegurados, clasificados ni inventariados, y tampoco quedaron asentados en los dictámenes periciales correspondientes.
La información recabada señala que personal de la Fiscalía de Jalisco y del instituto forense omitió el procesamiento técnico integral de los indicios, lo que incluyó fallas en su identificación, documentación, embalaje y registro de cadena de custodia.
Estas irregularidades, según la CNDH, derivaron en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, además de evidenciar deficiencias en la preservación del lugar donde se realizaban las diligencias.
El organismo también documentó otras anomalías, como la falta de dictámenes periciales sobre siete vehículos hallados en el sitio (tres de los cuales fueron sustraídos meses después).
Igualmente, el retraso en la comparación genética de muestras con bases de datos de familiares de personas desaparecidas.
Ante ello, la comisión pidió a ambas instituciones ofrecer una disculpa pública, revisar sus protocolos de investigación y capacitar a su personal, además de colaborar en procedimientos administrativos contra funcionarios involucrados.
