- El Congreso local pidió a la Fiscalía General de la República atraer la investigación por presunta extorsión contra Baltazar Martínez Ríos.
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MONTERREY, NL.- Por mayoría, el Congreso local acordó hoy solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que analice el atraer la investigación de los actos de extorsión denunciados por una empresa y en los que está involucrado el Diputado local de Movimiento Ciudadano y líder estatal de ese partido, Baltazar Martínez Ríos.
El acuerdo fue planteado al Pleno por la Diputada local del PRI y presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, quien cuestionó el que Martínez Ríos no estuviera presente en la sesión del Congreso prácticamente desde que se diera a conocer que pidió “pagos fuertes” a la pedrera Matrimar a cambio de que pudiera operar.
“Se remite un exhorto a la titular de la Fiscalía General de la República para que analice la viabilidad de que conforme al artículo 8 fracción 3 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión Reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Mexicana, atraiga, de ser el caso, el asunto sobre los posibles hechos de extorsión relacionados con la empresa ‘Materiales Triturados Martínez’ (Matrimar) atendiendo a las circunstancias de su ejecución y relevancia social del hecho que representa para Nuevo León”, establece el acuerdo aprobado con 30 votos de legisladores del PAN, PRI, Morena, PRD y PT.
También se pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción que agilicen la investigación del caso y por el ya se presentaron las denuncias correspondientes.
“Se exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado”, se establece en el acuerdo, “para que en el ámbito de sus atribuciones legales tenga a bien priorizar y agilizar las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas en relación con el presunto esquema de extorsión y corrupción que involucra a servidores públicos estatales y particulares, garantizando una investigación exhaustiva, imparcial y transparente.
“(También) que ordene de manera inmediata las diligencias periciales y forenses necesarias para la autenticación de los audios difundidos públicamente, así como la identificación de todos los actores involucrados, con el fin de evitar la alteración de pruebas y asegurar que los responsables enfrenten la acción de la justicia.
“Se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción para que en el ámbito de sus competencias priorice las investigaciones correspondientes por los probables hechos de corrupción relacionados con los cobros a la empresa denominada ‘Materiales Triturados Martínez'”.
Durante su intervención, Serrato dijo que el caso debía ser atraído por la FGR para garantizar imparcialidad en la investigación, considerando que en el audio en el que se acredita la participación de Martínez Ríos demandando pagos fuertes en parcialidades a Matrimar, también se involucra a los Secretarios de Medio Ambiente, Raúl Lozano, y al General de Gobierno, Miguel Flores.
“El panorama actual nos enfrenta a hechos de extrema gravedad que ponen en duda la integridad de las instituciones estatales. El pasado 19 de febrero de 2026, se hizo público a través de medios de comunicación la existencia de un material sonoro que vincula a actores políticos y servidores públicos en un presunto esquema de extorsión institucionalizado contra empresas del sector extractivo de caliza en el municipio de Cerralvo, Nuevo León”, expresó Serrato.
“Hay un audio en el que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, presuntamente funge como intermediario en una negociación para que la empresa se “alineara” y realizara dicho pago, incluso en parcialidades. En la conversación se menciona a Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente, y a Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, lo que ha intensificado la controversia política y jurídica.
“… Los hechos descritos podrían encuadrar, de manera presuntiva y sujeto a investigación judicial en figuras como el delito de extorsión, cohecho y otros ilícitos previstos en el Código Penal del Estado, particularmente si se acreditara que servidores públicos, directa o indirectamente, condicionaron el ejercicio de derechos o la continuidad de actividades lícitas al pago de cantidades indebidas… como representantes populares, no podemos permanecer indiferentes ante indicios de corrupción.
“Es imperativo que la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su carácter de órgano autónomo encargado de la persecución de los delitos, actúe con celeridad, imparcialidad y rigor técnico para deslindar responsabilidades y castigar a quienes resulten responsables de estos actos que laceran la vida pública del Estado”.
Claudia Caballero, Diputada local del PAN, se manifestó a favor del acuerdo planteado por la priista, mientras que los integrantes de la bancada panista mostraban carteles con la leyenda “Nuevo León, primer lugar en extorsión”.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano guardaron silencio en ese tema, y votaron en contra de darle vista a la FGR.
RECHAZA USO DE FISCALÍA
Previo a que se votara ese asunto, el emecista Glen Villarreal demandó que se exhortara a la FGR investigar posibles irregularidades en la actuación de la Fiscalía Genera de Justicia del Estado porque dijo que ésta podía ser usada para la persecución política, pues dijo que en menos de un año, a él le había abierto al menos 17 carpetas de investigación sin tener un sustento para ello
Agregó que era relevante revisar el actuar de la Fiscalía luego de que Waldo Fernández, Senador por Nuevo León, denunciara que ésta no había actuado en torno a una denuncia que interpuso por falsedad de declaraciones en s contra y por la que actualmente hay tres personas vinculadas.
Sin embargo, su solicitud no alcanzó la votación requerida y se desechó.
