Sergio León Cervantes
En México el debate electoral volvió al centro de la política nacional. Primero con la reforma que impulsó Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con la iniciativa retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas comparten un objetivo central: reducir el costo del sistema electoral, ajustar la representación legislativa y replantear el funcionamiento del árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, la reforma constitucional no alcanzó la mayoría necesaria en el Congreso y terminó derivando en el llamado “Plan B”, una serie de cambios a leyes secundarias que buscan reducir estructuras administrativas del sistema electoral.
El problema es que el debate se concentró en recortar instituciones, cuando la pregunta correcta es otra: cómo modernizar la democracia mexicana.
México tiene uno de los procesos electorales más grandes del mundo. El padrón electoral ronda los 98 millones de ciudadanos, en un país de más de 129 millones de habitantes. En cada elección federal se instalan más de 170 mil casillas, operadas por más de 1.5 millones de funcionarios ciudadanos. La logística implica millones de boletas impresas, traslado de paquetes electorales, monitoreo nacional, cómputos distritales y fiscalización de miles de candidaturas. Todo ello tiene un costo elevado, pero también ha sido el precio de la certeza democrática construida durante décadas.
Hoy organizar una elección federal en México cuesta aproximadamente 20 mil millones de pesos. Si proyectamos los procesos electorales relevantes de los próximos cinco años —federales, locales y ahora también las nuevas votaciones derivadas de la elección del Poder Judicial— el país enfrentará al menos cinco grandes procesos electorales. Bajo el modelo actual, eso significa cerca de 100 mil millones de pesos en organización electoral en un solo ciclo político.
Ese costo no disminuirá. El padrón crece cada año, el número de cargos en disputa aumenta y el sistema electoral mexicano entra en una etapa de hiper-electoralización institucional. Elegimos más autoridades que nunca y cada nueva elección implica más logística, más boletas, más personal y más gasto público.
La discusión sobre una reforma electoral es legítima, pero está mal planteada.
Reducir estructuras del sistema puede abaratar el aparato administrativo, pero no resuelve el problema de fondo: el modelo electoral mexicano sigue operando con lógica logística del siglo XX. Boletas físicas, urnas físicas, traslado de paquetes y conteos manuales. Un sistema confiable, sí, pero también extraordinariamente costoso.
Mientras tanto, el mundo está diseñando el voto del futuro.
México ya vive plenamente en la era digital. El sistema bancario procesa millones de operaciones electrónicas cada día. El sistema fiscal del Servicio de Administración Tributaria funciona con firma electrónica, identidad digital y fiscalización automatizada. Trámites gubernamentales, pagos y registros se realizan en línea. Sin embargo, cuando hablamos de votar, seguimos dependiendo casi exclusivamente del papel.
La reforma que México necesita es otra.
Una modernización electoral basada en tecnología puede construirse sobre cuatro pilares: identidad digital electoral, voto electrónico gradual, blockchain para trazabilidad del voto e inteligencia artificial para fiscalización de campañas y financiamiento político. Implementar esta transformación requeriría una inversión aproximada de 30 mil millones de pesos en infraestructura tecnológica, seguridad digital y desarrollo institucional.
Durante el periodo de transición el costo total de las elecciones se mantendría cercano al actual. Pero una vez implementado el sistema digital híbrido, el costo por elección podría reducirse a entre 10 y 12 mil millones de pesos, prácticamente la mitad del gasto actual.
Si México mantiene el modelo actual, en los próximos cinco años gastará cerca de 100 mil millones de pesos en organización electoral. Con una reforma tecnológica que incluya la inversión inicial y la reducción progresiva de costos, el país podría cerrar ese mismo periodo con un gasto aproximado de 80 mil millones de pesos. La diferencia es que ese nuevo modelo dejaría instalada una infraestructura digital capaz de reducir el costo de cada elección futura a casi la mitad.
La verdadera pregunta entonces no es si México necesita una reforma electoral. La respuesta es sí.
La pregunta correcta es qué tipo de reforma queremos.
¿Una reforma para recortar instituciones y poner presión sobre la capacidad operativa del sistema electoral?
¿O una reforma para modernizar la democracia mexicana y hacerla sostenible en el tiempo?
México no necesita un sistema electoral más pequeño.
México necesita un sistema electoral más inteligente.
La paradoja del momento político actual es evidente: mientras discutimos cómo ajustar reglas del pasado y poner en riesgo el funcionamiento del sistema electoral, la solución real está frente a nosotros. No se trata de debilitar la democracia mexicana, sino de reducir sus costos mediante la construcción de una democracia digital del siglo XXI.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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