POR KUKULKAN
EN LA MAYORÍA de las democracias del mundo civilizado, el privilegio de una pensión vitalicia suele reservarse —con mayor o menor debate— a quienes ocuparon la silla presidencial. En Estados Unidos, Francia o España, los exmandatarios reciben apoyos institucionales que incluyen una pensión, oficina o seguridad. En algunos casos más generosos, como en Brasil, el beneficio se extendió a gobernadores… aunque varios estados terminaron por abolirlo cuando la opinión pública descubrió que aquello parecía más un premio de lotería que una política pública.
PERO México, siempre creativo cuando se trata de administrar el dinero ajeno, decidió ir más lejos. Aquí no bastó con premiar a los expresidentes. No. En el viejo régimen —ese que durante décadas confundió gobierno con botín— las pensiones doradas se repartieron con una generosidad que haría sonrojar a cualquier tesorero prudente: directivos de empresas públicas, funcionarios de banca de desarrollo, líderes sindicales y toda una fauna burocrática que aprendió que el servicio público podía ser también una jubilación de lujo… de por vida.
EL RESULTADO: casi 100 mil beneficiarios detectados en siete organismos públicos con pensiones que, en muchos casos, superan el sueldo de la propia Presidenta de la República. Un pequeño club de jubilados VIP financiado por el contribuyente. Y los nombres comenzaron a aparecer. Ahí está José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Ernesto Zedillo y posteriormente mandamás de la OCDE, quien además de su larga carrera internacional cobra una pensión mensual de 120 mil pesos por su paso por Nacional Financiera.
TAMBIÉN figura Óscar Espinosa Villarreal, exregente capitalino en los años noventa y secretario de Turismo zedillista, quien recibe una pensión de más de 33 mil pesos mensuales. O Federico Patiño Márquez, vinculado al fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco, con una jubilación de 130 mil pesos al mes. Aunque si de escándalos se trata, Pemex siempre sabe cómo superarse.
ENTRE los registros aparece Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario petrolero con una pensión que rebasa cualquier imaginación: 1 millón 107 mil pesos mensuales. Sí, leyó bien: más de un millón de pesos cada mes. Mientras millones de mexicanos sobreviven con pensiones de menos de diez mil. Y como en toda buena novela del viejo sindicalismo mexicano, también aparece el apellido Deschamps, inevitable cuando se habla de privilegios petroleros. Un sobrino del legendario líder Carlos Romero Deschamps figura en la lista de pensionados, junto con otros beneficiarios del mismo linaje burocrático.
EL DESFILE aún no termina. En la Comisión Federal de Electricidad destacan varios líderes sindicales del SUTERM con pensiones que superan los 300 mil o incluso 450 mil pesos mensuales. Uno de ellos, por cierto, hoy milita cómodamente como dirigente del Partido Verde en Sinaloa. Por supuesto, en México las carreras políticas, sindicales y pensionarias suelen entrelazarse con admirable eficiencia. Todo esto, mientras durante años las autoridades miraban hacia otro lado.
Y ES QUE si hoy se saben los nombres y montos de esta aristocracia jubilada no es precisamente por la diligencia de los órganos de control del Estado. La mayoría de estas revelaciones se ha construido gracias al trabajo persistente de periodistas y unidades de datos de la prensa nacional, que durante años documentaron contratos, beneficios y privilegios enterrados en la opacidad administrativa. La prensa hizo el trabajo que en su momento el Estado no quiso hacer.
POR ESO la reciente decisión del Senado de poner fin a las llamadas pensiones doradas fue recibida con aplausos oficiales y comunicados triunfalistas. Según la Secretaría Anticorrupción, se trata de una medida histórica para terminar con los privilegios del viejo régimen. Y tal vez lo sea. Antes conviene recordar algo: los privilegios no nacen solos. Se diseñan, se firman, se aprueban… y durante años se toleran. México pasó décadas financiando una aristocracia burocrática que convirtió el servicio público en un retiro dorado.
AHORA que algunos nombres de beneficiarios salen a la luz, la pregunta inevitable no es sólo cuánto costaron esas pensiones. La pregunta es cuánto tiempo más habrían permanecido ocultas si el gobierno de la 4T no hubiera puesto manos a la obra para acabar con estos lastres que le cuestan a la población. Porque en este país, como bien saben las víboras del nido, los privilegios rara vez desaparecen por voluntad propia. Hay que exhibirlos primero.
