- Rechaza la postura de que ‘la mejor reforma es que no haya reforma’ y recuerda que existe una demanda ciudadana por modificar el sistema electoral, particularmente en lo relacionado con privilegios con cargo al erario público.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum reactivó el debate entre el sector empresarial y actores políticos, luego de que el senador Eugenio Segura Vázquez expresó su respaldo a la iniciativa en respuesta a las preocupaciones planteadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En una carta dirigida al organismo empresarial, el legislador por Quintana Roo rechazó la postura de que ‘la mejor reforma es que no haya reforma’ y sostuvo que existe una demanda ciudadana por modificar el sistema electoral, particularmente en lo relacionado con el uso de recursos públicos.
El posicionamiento del senador se alinea con los ejes centrales de la iniciativa presidencial, que plantea una reconfiguración del modelo electoral bajo criterios de austeridad, eficiencia institucional y fortalecimiento de la participación ciudadana.
Uno de los principales puntos defendidos es la reducción de costos del sistema electoral, mediante la eliminación de lo que considera privilegios en organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales electorales. De acuerdo con el legislador, la reforma busca ajustar remuneraciones y prestaciones a los límites constitucionales, así como garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos.
Asimismo, se plantea una reestructuración de órganos locales y municipales, con el objetivo de reducir estructuras consideradas sobredimensionadas. Según lo expuesto, esta medida podría generar ahorros cercanos a 4 mil millones de pesos anuales, recursos que serían redirigidos a proyectos de infraestructura pública.
Otro componente de la propuesta es el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, mediante el uso de infraestructura electoral existente, lo que permitiría disminuir costos y facilitar su implementación.
El senador también rechazó los señalamientos de posibles riesgos de inestabilidad política o incertidumbre jurídica, al argumentar que México mantiene indicadores macroeconómicos sólidos, como niveles históricos de reservas internacionales y bajas tasas de desempleo. En ese contexto, vinculó la reforma electoral con una estrategia más amplia orientada a fortalecer la confianza institucional y el uso eficiente del gasto público.
Por su parte, Coparmex ha manifestado inquietudes sobre los posibles efectos de la reforma en el equilibrio institucional y la certeza jurídica, en un contexto donde el diseño del sistema electoral ha sido considerado un elemento clave para la estabilidad democrática.
El intercambio de posturas refleja un debate más amplio sobre el alcance de la reforma y sus implicaciones en el funcionamiento de la democracia mexicana. Mientras el gobierno y legisladores afines defienden la necesidad de ajustes para hacer más eficiente el sistema, sectores empresariales y analistas advierten sobre la importancia de preservar la autonomía de las instituciones electorales.
