- En medio de la contingencia ambiental por la presencia de hidrocarburos en el litoral veracruzano, el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Bernardo Hernández Guzmán, acusó que ‘falsos ecologistas’ están politizando la situación.
JORGE GONZÁLEZ
VERACRUZ, VER.- En medio de la contingencia ambiental por la presencia de hidrocarburos en el litoral veracruzano, el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Bernardo Hernández Guzmán, acusó que “falsos ecologistas” están politizando la situación.
Al mismo tiempo, colectivos y comunidades costeras insisten en que las afectaciones son reales y persistentes.
El dirigente pesquero afirmó que existen actores que, bajo una bandera ambientalista, buscan exagerar o distorsionar la magnitud del problema con el objetivo de impactar negativamente la actividad turística y económica del estado.
De acuerdo con su postura, esta narrativa responde a intereses ajenos a las comunidades locales.
“Se está utilizando el tema con fines políticos”, señaló, y sostuvo que, tras labores coordinadas entre autoridades y sectores productivos, la actividad pesquera continúa operando.
Hernández Guzmán destacó acciones de limpieza y atención por parte de instancias gubernamentales, así como apoyos económicos dirigidos a pescadores, con el propósito de amortiguar posibles impactos derivados de la contingencia.
Su posicionamiento coincide con el discurso de autoridades estatales, que han insistido en que la situación está bajo control y han cuestionado el origen de algunas críticas públicas y movilizaciones sociales.
En contraste, colectivos ambientalistas, pescadores independientes y habitantes de distintas zonas del litoral han denunciado afectaciones directas en sus medios de vida, así como la persistencia de residuos de hidrocarburo en playas y cuerpos de agua.
Las críticas apuntan a impactos en la pesca, con disminución en ventas y caída de precios, riesgos a la salud y al ecosistema marino y falta de información clara y oportuna por parte de autoridades.
El caso ha derivado en una polarización del discurso público. Autoridades y representantes del sector productivo alertan sobre una posible campaña de desprestigio que afectaría la economía local.
No obstante, voces ciudadanas sostienen que se busca minimizar una crisis ambiental con consecuencias sociales profundas.
Más allá del debate, la situación refleja la vulnerabilidad de las comunidades costeras, cuya subsistencia depende de la pesca y el turismo. La incertidumbre sobre la calidad ambiental y la confianza del mercado continúa afectando ingresos familiares.
En este escenario, pescadores y habitantes coinciden en una demanda central: certeza; esto implica información transparente, monitoreo independiente y estrategias que permitan recuperar tanto el equilibrio ecológico como la estabilidad económica.
