- El directo congelamiento de cuentas bancarias por la UIF ‘no es una sanción, es una medida preventiva’, sostiene Lenia Batres.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la resolución judicial que avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias por posibles vínculos con operaciones ilícitas, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió su voto a favor al considerar que se trata de una herramienta clave del Estado para combatir delitos financieros.
En opinión de la ministra Batres, el eje central de su postura radica en la naturaleza administrativa —y no penal— de esta medida.
“El bloqueo de cuentas no implica determinar culpabilidad ni imponer una sanción. Es una acción preventiva y temporal, diseñada para evitar la dispersión de recursos de posible origen ilícito”, sostuvo.
Batres Guadarrama enfatizó que, bajo esta lógica, no resulta aplicable el principio de presunción de inocencia en los mismos términos que en materia penal, uno de los principales argumentos de quienes se oponían a esta facultad.
“La presunción de inocencia es un principio fundamental en el ámbito penal, pero aquí estamos frente a un procedimiento administrativo. No se está condenando a nadie, sino estableciendo una medida cautelar sujeta a revisión”, precisó.
La SCJN resolvió por mayoría de seis votos la acción de inconstitucionalidad 58/2022, validando el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que permite a la UIF ordenar el bloqueo de cuentas no sólo por solicitudes internacionales, sino también a partir de investigaciones nacionales.
Sobre este punto, la ministra consideró que el cambio de criterio fortalece la capacidad del Estado mexicano frente al lavado de dinero.
“Limitar esta facultad únicamente a solicitudes de autoridades extranjeras dejaba al Estado en una posición reactiva. Con esta decisión, se permite actuar de manera directa cuando existan indicios dentro del propio país”, afirmó.
Batres también abordó las críticas en torno a posibles afectaciones a derechos como la seguridad jurídica o la certeza legal de las personas usuarias del sistema financiero, rechazando que exista ambigüedad en la norma.
“El procedimiento está claramente establecido: hay etapas definidas, plazos concretos y mecanismos de defensa. Las personas afectadas tienen derecho a audiencia y a impugnar la medida ante instancias jurisdiccionales”, explicó.
En ese sentido, subrayó que la inclusión de términos como “personas asociadas” a delitos financieros no representa una imprecisión legal, sino que debe interpretarse dentro del marco normativo existente en materia de prevención de lavado de dinero.
“El sistema financiero cuenta con parámetros claros para identificar conductas vinculadas con estos delitos. No se trata de conceptos abiertos sin control, sino de criterios técnicos y jurídicos previamente definidos”, dijo.
Otro de los puntos polémicos ha sido el mecanismo de notificación del bloqueo, que recae en las instituciones bancarias. Al respecto, Batres aclaró que esta actuación no constituye un acto de autoridad.
“Los bancos funcionan como intermediarios para comunicar la medida, lo que permite mayor agilidad en el proceso. La decisión proviene de la autoridad, pero la notificación es parte de la colaboración institucional”, indicó.
Además de la acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte aprobó por unanimidad dos proyectos presentados por la propia ministra, en los que se negó el amparo a contribuyentes que impugnaron el congelamiento de sus cuentas, reforzando el nuevo criterio.
Con una mayoría de siete votos, la SCJN también dejó atrás jurisprudencias previas que restringían esta facultad de la UIF exclusivamente a solicitudes internacionales, lo que, en palabras de Batres, “nulificaba en la práctica” la capacidad del Estado para actuar de manera autónoma.
“Este es un criterio que he sostenido desde hace tiempo. Era necesario corregir una limitación que impedía responder eficazmente ante operaciones sospechosas dentro del país”, concluyó.
