Rodolfo El Negro Montes
En México, el horror tiene una aritmética que el poder se niega a sumar.
Entre las cifras de los “otros datos” y la realidad que se desentierra a punta de pala por madres buscadoras, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido lanzar un anzuelo en las aguas más turbias del país: las cárceles.
La estrategia, envuelta en una retórica de “justicia transicional” que huele más a desesperación que a metodología, pretende convertir el sistema penitenciario en un centro de inteligencia de campo.
¿El objetivo?
Que entre los más de 256 mil internos que hoy se hacinan en el sistema penitenciario —tanto los que ya purgan condena como los casi 93 mil que siguen en el limbo jurídico sin sentencia— se vuelvan los soplones de las fosas.
Es la institucionalización del “incentivo legal” por el dato de una fosa.
Un trueque de libertad por restos humanos.
Resulta perverso, por no decir cínico, que un Estado que ha fallado sistemáticamente en proteger, investigar y sancionar, ahora pida a los victimarios —o a quienes conviven con ellos en el infierno de los penales— que hagan el trabajo que las fiscalías no quieren o no saben hacer.
Sheinbaum y su gabinete de seguridad parecen ignorar que, en el submundo de las rejas, la información es moneda de cambio, sí, pero también es una sentencia de muerte.
¿Qué garantías hay de que los datos aportados no sean fabricados para ganar una salida anticipada?
¿Cuántos “falsos positivos” de fosas se van a generar en la carrera por el beneficio legal?
Pero lo más grave: ¿En qué posición quedan las familias de los desaparecidos al saber que la ubicación de sus hijos será fruto de un regateo con el sistema?
En las cárceles de México no sólo hay criminales; hay miles de inocentes sin proceso y culpables sin redención.
Lanzar esta oferta es reconocer que el aparato de inteligencia civil y militar está rebasado o, peor aún, que prefieren pactar con el “informante de celda” antes que limpiar las corporaciones que permitieron que el país se llenara de fosas clandestinas.
No nos engañemos.
Esta no es una política de búsqueda humanista; es un mercado de huesos.
Es la confesión tácita de que el Estado ya no busca, sino que espera que el crimen le entregue las migajas de su propia carnicería a cambio de un perdón que no le pertenece al gobierno otorgar, sino a las víctimas.
Al final, la “continuidad con sello propio” de Sheinbaum en este tema parece reducirse a una premisa escalofriante: que la verdad en México ya no se encuentra en los juzgados, sino que se subasta en las galeras de Santa Martha o el Altiplano.
