Plantean más autonomía los fiscales electorales para combatir delitos

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  • La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Quintana Roo requiere mayor fortalecimiento institucional.
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las fiscalías especializadas en delitos electorales requieren mayor autonomía técnica, respaldo presupuestal y personal capacitado para enfrentar investigaciones cada vez más complejas, incluidas las relacionadas con violencia política digital, corrupción electoral y ataques contra mujeres que participan en la vida pública, advirtió Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, fiscal electoral de Aguascalientes.

El también presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales señaló que el fortalecimiento institucional de estas áreas sigue siendo uno de los principales retos para garantizar el acceso a la justicia electoral en México.

Durante una entrevista en un encuentro que reunió fiscales de 22 estados del país, explicó que en distintas entidades del país las fiscalías electorales no cuentan con el apoyo operativo, financiero o político suficiente por parte de las fiscalías generales o de los gobiernos estatales, lo que limita su capacidad para investigar y judicializar casos.

“Las fiscalías que cuentan con respaldo suficiente han dado mejores resultados. Es necesario homologar condiciones para que todas puedan desempeñar adecuadamente su labor”, sostuvo.

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Gutiérrez Ruvalcaba indicó que otro desafío es la diferencia entre las sanciones administrativas y las penales en materia electoral. Explicó que hay casos en los que los tribunales electorales determinan responsabilidades, pero las investigaciones penales no avanzan, porque no existen pruebas suficientes o porque éstas no cumplen con los requisitos del sistema de justicia penal.

El fiscal electoral también advirtió que persiste una falta de especialización entre jueces y juzgadores que atienden estos asuntos. Aunque son expertos en derecho penal, dijo, no siempre cuentan con formación específica en materia electoral, lo que puede complicar la valoración de pruebas, contextos y conductas relacionadas con procesos democráticos.

Respecto a Quintana Roo, consideró que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales necesita mayor fortalecimiento institucional, así como autonomía técnica y de decisión para desarrollar investigaciones más sólidas, eficaces y oportunas.

Gutiérrez Ruvalcaba reconoció que los procesos judiciales en materia electoral suelen ser prolongados y no dependen únicamente del trabajo de las fiscalías. Como ejemplo, mencionó un caso de violencia política en razón de género en Aguascalientes que tardó tres años en concluir con una sentencia condenatoria, debido a recursos legales, apelaciones y juicios de amparo.

“Los tiempos no dependen solamente de las fiscalías; intervienen jueces, magistrados y diversos recursos jurídicos que pueden extender significativamente los procedimientos”, explicó.

Sobre posibles actos de corrupción o retrasos injustificados en algunas fiscalías electorales, señaló que corresponde a la ciudadanía y a los actores políticos vigilar el desempeño de las instituciones y denunciar cualquier irregularidad cuando existan elementos para hacerlo.

En cuanto a los delitos electorales cometidos a través de medios digitales, afirmó que las fiscalías tienen plena competencia para investigarlos y perseguirlos. Destacó que diversas fiscalías estatales cuentan con unidades de policía cibernética que apoyan en la identificación de responsables de campañas de violencia política digital, especialmente aquellas dirigidas contra mujeres.

Finalmente, aseguró que ya existen casos en distintas entidades del país donde las investigaciones digitales han derivado en vinculaciones a proceso e incluso sentencias condenatorias, lo que demuestra que las agresiones, amenazas y delitos cometidos en redes sociales también pueden ser sancionados por la vía penal.

Para Gutiérrez Ruvalcaba, el reto es consolidar fiscalías electorales con independencia operativa, recursos suficientes y personal especializado, capaces de responder tanto a los delitos tradicionales como a las nuevas formas de agresión política en plataformas digitales.

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