- En el sur-sureste mexicano, una realidad silenciosa pero persistente desafía los principios democráticos y el Estado de derecho: la tortura.
CECILIA VERÁSTEGUI
MÉRIDA, YUC.- En el sur-sureste mexicano, una realidad silenciosa pero persistente desafía los principios democráticos y el Estado de derecho: la tortura.
A pesar de ser un delito prohibido de manera absoluta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en la materia y diversos tratados internacionales, los abusos cometidos por agentes del Estado —o con su consentimiento o tolerancia— continúan registrándose en la región, documentados mediante denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas y mecanismos de observación.
Frente a este panorama, y en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) se sumó activamente a la Campaña Nacional “México Sin Tortura” 2026.
Impulsada por la Secretaría de Gobernación, esta estrategia representa el primer esfuerzo institucional de esta magnitud en más de dos décadas y busca articular acciones para visibilizar, prevenir y erradicar una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Históricamente, la tortura se ha asociado con marcas e impactos visibles en el cuerpo. Sin embargo, los estándares actuales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que el fenómeno es mucho más complejo.
Minerva Benítez Castillo, encargada del Programa de Derechos Humanos y Seguridad Pública de la CODHEY, califica la tortura como un delito “pluriofensivo”, debido a que vulnera simultáneamente derechos fundamentales como la integridad personal, la libertad y la dignidad humana.
Actualmente, las prácticas utilizadas para quebrantar la voluntad de las personas recurren con frecuencia a métodos que no dejan huellas físicas y que están orientados a anular la personalidad o disminuir las capacidades mentales de las víctimas.
Entre estas prácticas se encuentran las amenazas, humillaciones, intimidaciones, violencia psicológica, aislamiento prolongado y condiciones indignas de detención.
Cuando una autoridad utiliza el miedo y el dolor para imponer su poder, no solo afecta a la víctima directa, sino que también erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones democráticas.
Reconocer la existencia de la tortura en estados como Yucatán es un paso indispensable para combatirla; negarla o invisibilizarla únicamente profundiza los daños y fomenta la impunidad.
Bajo esta premisa, la campaña de 2026 ha desplegado acciones que combinan la capacitación técnica de los cuerpos policiacos con la sensibilización social y la participación comunitaria.
Como parte de estas actividades, el pasado 16 de junio de 2026, la CODHEY impartió en la Universidad de Valladolid los cursos-talleres “Prevención de la tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y “Atención a víctimas”.
La capacitación estuvo dirigida a elementos de la policía preventiva de 12 municipios de Yucatán, con el objetivo de garantizar que las labores de detención, custodia y seguridad pública se realicen con estricto apego a los derechos humanos.
Autoridades federales y locales han coincidido en la necesidad de reforzar las acciones para prevenir la tortura y la violencia sexual, particularmente contra las mujeres.
Por otra parte, la estrategia busca romper los ciclos de normalización de la violencia desde las nuevas generaciones.
Muestra de ello fue la realización de un mural participativo en el COBAY Plantel Progreso bajo el lema “Por el derecho a la dignidad y a la integridad personal”.
Durante el evento, María Guadalupe Méndez Correa, presidenta de la CODHEY, destacó el papel de las juventudes como agentes fundamentales del cambio social.
“Trabajar con ustedes es la clave para dejar de normalizar la crueldad. Al abrirles estos espacios y sensibilizarlos, estamos formando generaciones que simplemente no van a tolerar la violencia”, afirmó.
Uno de los principales obstáculos para erradicar la tortura es el silencio que favorece la repetición sistemática de los abusos. Por ello, las instancias de derechos humanos hicieron un llamado tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general.
Toda autoridad que tenga conocimiento de hechos que puedan constituir tortura tiene la obligación legal y ética de denunciarlos e investigarlos. Asimismo, se recordó a la población que las denuncias pueden presentarse a través de los canales oficiales, como el 911 y el 089.
La denuncia no solo activa los mecanismos de justicia y reparación integral para las víctimas, sino que también resulta fundamental para construir registros oficiales que permitan dimensionar el problema en el sur-sureste del país y diseñar políticas públicas más eficaces.
La prevención y erradicación de la tortura constituyen una responsabilidad ineludible del Estado que no admite excepciones. Mientras la región avanza en la difusión de estos esfuerzos —que incluirán programas especiales de radio, como el que transmitirá el espacio “Sentido Humano” el próximo 25 de junio—, el mensaje es claro: una sociedad que tolera la tortura pone en riesgo las libertades de todas y todos. La dignidad humana debe prevalecer sin excusas en Yucatán y en todo México.
