- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nota aclaratoria en la que responde a las críticas formuladas por Alejandro Martínez Martínez, extitular de la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa de la misma dependencia. El abogado, en declaraciones publicadas por la columna Zona Cero, había calificado la Recomendación 208VG/2026 como un documento “simulado” y producto de presiones externas para exculpar a las Fuerzas Armadas.
ZÓSIMO CAMACHO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nota aclaratoria en la que responde a las críticas formuladas por Alejandro Martínez Martínez, extitular de la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa de la misma dependencia. El abogado, en declaraciones publicadas por la columna Zona Cero, había calificado la Recomendación 208VG/2026 como un documento “simulado” y producto de presiones externas para exculpar a las Fuerzas Armadas.
En una misiva dirigida a Luces del Siglo, fechada el 17 de julio pasado, la CNDH rechaza las afirmaciones del exfuncionario y las califica como “mentiras” y “tergiversaciones” que buscan desacreditar el trabajo del organismo.
Asegura que Martínez no fue removido de su cargo en marzo de 2022 por presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino por una denuncia presentada contra el abogado por “uso faccioso” de su cargo e intentar crear una “organización porril” en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por considerarlo del interés de los lectores, se reproduce el contenido íntegro de la carta y la respuesta del reportero.
NOTA ACLARATORIA DGDDH/2026
La CNDH reitera su compromiso con las víctimas y responde a las mentiras de un exfuncionario que suma a las narrativas descalificatorias de la Recomendación 208VG/2026.
El afán por mantener narrativas fantasiosas pero muy rentables, la mentira como vehículo de supuesta “legitimación” de teorías que mucho dinero han dejado, aún a costa de aplazar la verdad y la justicia, están llegando a extremos inverosímiles. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó hace unos días la Recomendación 208VG/2026, relacionada con el Caso Iguala de 2014, y lo hizo ciñéndose estrictamente a la manera en que nuestra normativa mandata, concretamente a los artículos 133 y 134 de nuestro Reglamento Interno, que son los que se refieren a cómo debe hacerse la publicación de un instrumento de este tipo.
Se emitió una Recomendación, reiteramos, no un informe ni un libro. Por lo mismo, sus efectos y consecuencias, en beneficio de las víctimas, no están sujetos a debate, quedan ahora en el ámbito de su cumplimiento. Y, sin embargo, hay quienes creen que es esta ocasión para descalificar nuestro trabajo, y para invalidarlo.
Es el caso de una persona que fungió como encargado de la dirección especial que la presidenta Rosario Piedra Ibarra creó en octubre de 2021 para iniciar la integración del expediente de la queja interpuesta por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, a efecto de generar una nueva investigación que acercara la verdad y la justicia sobre el caso Iguala.
El señor dice que sus “altas expectativas” pronto “se vinieron abajo”, porque cuando apenas comenzaba a trabajar se topó con “un muro”, y a continuación crea toda una narrativa, totalmente mentirosa: que “la CNDH ocultó el trabajo de investigación de la oficina con respecto de las Escuelas Normales Rurales” y que a pesar de que se tenía ya una Recomendación General que se dio a conocer a representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), nunca se emitió. También repite algo que se ha vuelto descalificación común para eludir responsabilidades, “el hostigamiento laboral, vigilancia y amenazas contra el personal de la oficina”, por lo que en marzo de 2022 finalmente fue removido, y “se desintegró la dirección especial para el Caso Ayotzinapa en respuesta a presiones de Luis Cresencio Sandoval, entonces Secretario de la Defensa Nacional” (sic).
Más grave que todo es lo que dice sobre la Recomendación 208VG/2026: que “responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación”.
A lo que es necesario e importante precisar con toda claridad:
1.- En efecto, el señor Alejandro Martínez fue encargado de esa oficina y en efecto fue cesado; pero la razón no fue la que dice, absurda pero muy útil para las narrativas con que se pretende descalificar la Recomendación 208VG/2026. La razón fue una denuncia, que hicieron por escrito y que presentaron personalmente a la presidenta Piedra Ibarra, el 28 de febrero de 2022, integrantes del Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, concretamente: por el uso faccioso que le estaba dando a su cargo como director de la Comisión, al aprovechar tanto esa posición como su sueldo como funcionario público para coaccionar a los estudiantes y crear una organización porril en la UNAM que le permitiera control a un grupo político.
2.- Es falso que la dirección para el caso Ayotzinapa hubiera desaparecido, o que hubiera habido acoso o maltrato contra su personal. Simplemente se reasignó a la Segunda Visitaduría General, y ahí continuó su integración el expediente, hasta el 28 de septiembre de 2023 cuando, precisamente para enfatizar la investigación del Caso desde esa perspectiva, se le asignó a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado en el Pasado Reciente de este organismo nacional. No consta en ese período ninguna denuncia o queja de acoso o violencia laboral contra personal alguno que interviniera en ese trabajo, salvo precisamente contra el señor Martínez. De ese tamaño, la autoridad moral de nuestros detractores y críticos.
3.- En efecto, se trabajó y se preparó una Recomendación General sobre las Normales Rurales, y en efecto se hizo en comunicación permanente con la FECSM; pero no fue consigna ni imposición el no haberla publicado, sino decisión de los integrantes del Consejo Consultivo que, al conocerla para que aprobaran su presentación, como obliga el Reglamento Interno hacer con las Recomendaciones Generales (NO CON LAS RECOMENDACIONES POR VIOLACIONES GRAVES, hay que aclararlo) la rechazaron, exigiendo desposeerla justamente de las razones que la hacían necesaria. Esto se encuentra documentado en la propia Recomendación, pero también consta en las actas de sesiones del Consejo Consultivo, específicamente en la del 26 de septiembre de 2022, disponible en nuestra página institucional.
4.- La Recomendación 208VG/2026 se elaboró estrictamente apegada a lo que al respecto mandata nuestro Reglamento Interno, en específico los artículos 112 al 115, 125 y 128 al 132 por lo que hace al proceso de investigación, y los artículos 133 al 135 por lo que hace a su notificación y publicación. Está investida no sólo de absoluta legalidad, sino que se redactó privilegiando el interés de las víctimas, desde el principio pro persona, y los más altos estándares de protección a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano.
Frente a las constantes mentiras y tergiversaciones que buscan desacreditar la autonomía y la independencia de este órgano constitucional, pero algo aún más grave, aplazar la verdad y la justicia, nuestra respuesta es clara: no nos detendremos, seguiremos defendiendo el interés de las víctimas, y junto con eso la verdad y la justicia a la que tienen derecho, aclarando con firmeza y siempre que sea necesario cualquier intento de engaño o manipulación.
Estar del lado de las víctimas no es engañarlas para manipularlas, tampoco es usarlas como escudo de impunidad. Nosotros no lo hemos hecho, y no lo haremos nunca.
¡Defendemos al pueblo!
Respuesta del reportero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha optado por el camino de descalificar a quien señala sus omisiones, en lugar de debatir el fondo de su recomendación. Su documento resolutivo sobre el caso Ayotzinapa ha sido condenado por organizaciones defensoras de derechos humanos de manera casi unánime, por los familiares de las víctimas y por organismos internacionales, entre ellos la Relatoría Especial sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
La nota aclaratoria que el organismo autónomo envió en respuesta a la columna Zona Cero, “El Ejército impoluto, según la CNDH”, no responde a las críticas sustantivas sobre la Recomendación 208VG/2026, que exculpa a las Fuerzas Armadas de su participación en el crimen de Estado más emblemático de la historia reciente de México. El organismo prefiere centrar su atención en la figura de Alejandro Martínez Martínez, extitular de la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa.
El argumento central de la CNDH es que Martínez fue removido de su cargo porque fue denunciado por “uso faccioso” de su puesto y por crear una “organización porril”. Es un clásico ataque ad hominem: si no puedes refutar los argumentos, desacredita a quien los emite.
Y por más adjetivos que añada, la CNDH no puede cambiar el hecho central: el equipo que estaba dispuesto a investigar al aparato militar fue desmantelado y el expediente quedó en manos de otras áreas. Y las “investigaciones” que siguieron terminaron por exculpar al Ejército y a la Armada. No hay una sola voz seria en el ámbito de los derechos humanos que haya respaldado el documento.
Finalmente, llama la atención el lenguaje utilizado por la CNDH para descalificar a Martínez. Es revelador que el organismo utilice el mismo argumento que los sectores más conservadores han empleado históricamente para desacreditar a los movimientos estudiantiles. La acusación de “porrismo”, enderezada contra el activismo político en las universidades, recuerda a la criminalización de las luchas populares durante el periodo de la Guerra Sucia o Terrorismo de Estado.
